Y obras así, ¿para qué?

En Colombia, la mayoría de las personas suelen medir el progreso de una ciudad y el éxito de una administración, por la cantidad de obras que dejó. En Cúcuta, es común escuchar entre la población que un exalcalde ‘robó, pero al menos dejó varias obras’. Además de lo absurdo de una expresión como esta, lo que sorprende es que los cucuteños se hayan acostumbrado a soportar todo tipo de corrupción y desangre de las finanzas públicas, por el simple hecho de que un mandatario construyó un par de obras. Y peor aún, cuando muchas de estas obras quedaron mal hechas o nunca sirvieron para nada.

En la ciudad, hace un año, la Contraloría Departamental encontró 18 obras en cuyas construcciones los alcaldes y gobernadores de turno invirtieron multimillonarias partidas, y hoy permanecen abandonadas, sirviendo de refugio para las palomas y algunas personas en condición de calle.

Algunas de estas obras que hoy están abandonadas, son la ‘nueva’ terminal de la ciudad, donde se invirtieron $5.800 millones; el Teatro de Atalaya, la sede de Interferias, el matadero municipal, el Puente de Tienditas (donde los gobiernos de Colombia y Venezuela ‘enterraron’ más de 30 millones de dólares) y el CDI de Cormoranes, construido en un terreno que desde un principio advirtió problemas, que fueron pasados por alto por el entonces alcalde Donamaris Ramírez, quien dilapidó allí más de $4.000 millones.

Más recientemente, llaman la atención dos obras, planeadas en la anterior administración, y que podrían terminar convirtiéndose en otros ‘elefantes’ más en la ciudad.

La primera es el puente Benito Hernández, al cual se le invirtieron más de $34.000 millones, y que quedó inconclusa. Para terminarla, según los expertos, se necesitan más de $7.000 millones.

La otra, es la intervención que se hizo en la redoma de la terminal de transporte, y donde se invirtieron más de $32.000 millones. Hoy, cuando la obra está a punto de ser culminada y puesta en funcionamiento, se descubrió, por parte de la interventoría, que por culpa de unas casetas que hay en la Terminal y que impiden la salida de los buses por la calle 2, estos tendrán que seguir saliendo por la avenida 7, presentándose así, según la misma interventoría, “un entrecruzamiento peligroso de los vehículos que van a tomar las vías sobre la avenida 7 Aeropuerto y la avenida 7 de Atalaya, las cuales presentan un alto flujo de tránsito”.

La solución a este problema, según la interventoría de la obra, pasa por el reacomodamiento de unas casetas, lo que “permitiría ampliar la vía para que el transporte salga por la calle segunda, con el fin de disminuir los riesgos de accidentalidad en la zona”.

Estas casetas, según reconoció la misma interventora en una comunicación enviada a la anterior gerente de la Terminal de Transporte, son propiedad del condenado exalcalde Ramiro Suárez. Teniendo en cuenta que la actual administración no es de los afectos de Suárez, el ‘reacomodamiento’ de las casetas que sugiere la interventora no parece una tarea fácil y pone en riesgo la efectividad de una obra que ya alcanza el 98% de ejecución.

Así las cosas, las preguntas que aparecen son, ¿por qué cuando se planeó la obra no se contempló el reacomodamiento de las casetas que hoy son un obstáculo? ¿Por qué solo hasta ahora, cuando la obra ya está casi lista, se advierte de este problema? Puede que esta obra no termine siendo un elefante blanco, pero al igual que el puente Benito Hernández, deja mucho qué pensar que, tras una ejecución de recursos tan alta, no se hayan tenido en cuenta estos inconvenientes que ahora todos tendremos que padecer.