En Cúcuta, poco duró la alegría de los representantes de las Juntas Administradoras Locales (JAL), tras los anuncios del presidente Iván Duque autorizando el pago de honorarios a los comunales.
Para dar vía libre a la sanción de la Ley 2086, se requiere de una serie de modificaciones al Acuerdo 061 de 1994 que indispuso a dichos representantes de los distintos sectores de la ciudad.
“En Cúcuta tenemos un problema que desde el año pasado venimos tratando de solucionar con la administración municipal. Para que eso (el pago) sea realidad, necesitamos que haya voluntad política del señor alcalde Jairo Yáñez, para hacer las reformas al acuerdo”, dijo Álvaro William Lizcano, edil de la Comuna 6 y presidente de la Asociación de Ediles de Cúcuta (Asoedilcut).
Según el comunal, el acuerdo vigente desde hace 27 años está obsoleto, porque no están bien definidas las funciones de los ediles, ni los compromisos para el fortalecimiento institucional de las Juntas.
“No podemos seguir dándonos el lujo de tener ‘ediles de estómago’, este sector debe estar lleno de personas preparadas, porque somos la fuerza viva de la planificación del desarrollo del municipio”, aseveró.
Mediante mesas de trabajo, la Alcaldía de Cúcuta busca normalizar a los comunales a sabiendas de sus necesidades y servicios para la población.
“Comenzamos unas mesas de trabajo en virtud de la nueva ley, pero, además, sabiendo las necesidades que tienen estas corporaciones para normalizar y mejorar su relacionamiento con la institucionalidad. En ese sentido, antes de implementar la ley se deben tomar medidas para mejorar y ajustar las normas de cada Junta Administradora Local, como son los estatutos”, dijo Sergio Maldonado, secretario de Desarrollo Social de Cúcuta.
Maldonado coincide en que es necesario modificar el Acuerdo 061 de 1994 y les expresó a los ediles la voluntad de la administración municipal para cumplir con lo requerido.
“La Secretaría de Desarrollo Social, dentro de su Plan de Acción de 2021, tiene como eje fundamental el fortalecimiento a la participación, y uno de esos escenarios son las Juntas Administradoras Locales. En ese sentido, hemos manifestado la voluntad que tiene el señor alcalde de acompañar este proceso”, aseguró.
Según lo aprobado por el Presidente de la República, los ediles tendrán derecho al pago de hasta dos Unidades de Valor Tributario (UVT), es decir $72.616, por la asistencia a las sesiones plenarias y a las comisiones.
La norma establece que máximo se podrán efectuar 80 sesiones ordinarias y 20 extraordinarias al año, por lo que cada edil podrá devengar máximo $7’261.600 anuales.
Estos pagos saldrán de los ingresos corrientes de libre destinación que el municipio tenga establecidos en su presupuesto. Las JAL tendrán hasta el próximo 10 de abril para ajustar los estatutos y así avanzar hacia la modificación del Acuerdo 061 de 1994.
