Opiniones divididas generó la expedición del decreto 380 de 2021 que establece los pasos a seguir, en caso de retomar las aspersiones con glifosato en los cultivos ilícitos del territorio nacional.
Es importante aclarar que el documento no habilita las aspersiones aéreas con el químico, sino que fija las pautas y el marco normativo que deberá regirlas, en caso de que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) apruebe la reanudación.
“El decreto no reactiva automáticamente el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea, y para el efecto es necesario que el Consejo Nacional de Estupefacientes verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos, particularmente, en la Ley 30 de 1986”, había dicho públicamente el ministro de Justicia, Wilson Ruíz.
En ese sentido, desde la Asamblea Departamental de Norte de Santander añaden la trascendencia que dicho tema representa para la región.
“El presidente está haciendo todo lo posible para la erradicación, tanto en el país como en el Catatumbo; entendemos y respetamos que es un tema sensible pero es que los cultivos han aumentado y generan más violencia en esa región. Asimismo, Norte de Santander debe apostarle a la educación como herramienta de transformación social en ese territorio clave para el desarrollo sostenible del Catatumbo como de Colombia”, dijo el diputado Juan Carlos García Herreros.
Quién además dijo que “los proyectos de inversión social van a llegar y, de volver al uso del glifosato, la aspersión será controlada de acuerdo a los estándares establecidos para evitar un impacto negativo tanto en la gente como en la biodiversidad’.
Las aspersiones aéreas fueron suspendidas en 2015 ante recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y un fallo de la Corte Constitucional que apelaba al principio de precaución.
En otra sentencia de 2017, el alto tribunal determinó, entre otros requisitos, que las autoridades solo pueden reactivar las fumigaciones si establecen con investigaciones científicas que dichas aspersiones no producen daño a la salud ni al medio ambiente.
“Hay algo que debemos dejar claro, la OMS concluye que el glifosato puede causar cáncer y resulta que el utilizado en Colombia es 4 veces más letal, termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Sumado a esto, el impacto en la naturaleza es significativo, contaminación de suelo, lo que provoca la muerte de microorganismos que son vitales para la óptima calidad del mismo; contaminación de fuentes hídricas, superficiales y subterráneas, afectación a especies de polinizádores en especial a las abejas, nuestra base en la cadena alimenticia”, dijo dijo Andrés Celis, activista e ingeniero ambiental de Norte de Santander.
Celis también señaló que “cómo activista ambiental de la región del Catatumbo, le diría al gobierno local y nacional, que lo ideal es implementar planes de sustitución voluntaria mediante cultivos agrícolas, aunando esfuerzos entre todas las entidades públicas de tal forma que se garanticen el apoyo y capacitación institucional, mejoramiento de vías y creación de cooperativas para sacar sus productos al mercado”.
Sin embargo, veedores de derechos humanos dijeron que hay diversas razones para respaldar el inicio de la fumigación celebrando que sea Nort de Santander la primera región para su ejecución.
“Este es un gran avance en la lucha contra las drogas que en nuestra región es el principal fuente de financiamiento de los grupos criminales del ELN, EPL, Clan del Golfo, Rastrojos y entre otros que se disputan el control territorial de estos cultivos. Nos preocupa que el ELN en varias zonas del Catatumbo vienen presionando a campesinos y activando sus brazos políticos sociales para generar movimientos en masa, posibles paros y asonadas en la región en rechazo a la fumigación”, destacó Diego Villamizar, abogado y defensor de derechos humanos de Norte de Santander.
Añadió que “acá ya está comprobado que este nuevo modelo de fumigación no atenta contra el medio ambiente ni la salud, su capacidad técnica permite solo destruir los cultivos previamente georreferenciados y, con este nuevo modelo de erradicación de cultivos, ya no se arriesga la vida de nuestros policías y militares en los campos minados donde son sembrados en estos cultivos. Sin embargo, las autoridades deben estar preparadas ante los posibles ataques que realicen los grupos armados en zona de frontera a las aeronaves de fumigación”, concluyó Villamizar.
Por su parte, Sandra Ureña, de la Mesa Ambiental de Norte de Santander, dijo que “el gobierno debe aplicar el principio de precaución en este caso y se deben evaluar las alternativas necesarias para el desarrollo de las comunidades que dependen de los cultivos ilícitos, garantizarles el desarrollo y la permanencia en sus territorios”.
Colombia se mantiene por mucho como el principal productor mundial de hoja de coca, la materia prima para la cocaína, y aunque el propio Duque ha argumentado con insistencia que el país necesita de todas las herramientas posibles para combatir el narcotráfico, incluido el glifosato, el anuncio reabre una discusión que ha despertado pasiones a lo largo de los años.
Para que las avionetas de la fuerza pública vuelvan a arrojar el herbicida sobre los cultivos de coca aún faltan varios pasos. Entre otros, los conceptos del Instituto Nacional de Salud y de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, de manera que el Ejecutivo tenga las bases necesarias para su ejecución.
Sin embargo, Diego Molano, ministro de Defensa, indicó que el programa estará enfocado a cultivos industrializados y tecnificados, y cultivos nuevos con injerencia de grupos armados organizados, residuales y grupos criminales narcotraficantes.
“Las aspersiones se reactivarán en este trimestre, en un proceso que podría extenderse hasta junio”, dijo Molano, quien da por descontado que el CNE aprobará las fumigaciones, pues la mayoría de sus miembros son funcionarios nombrados por Iván Duque.
