Con lo ocurrido en Chinácota, defensores de derechos humanos aseguran que los violentos ya no tienen límites en el departamento, y que, el Estado, no tiene voluntad para superar la crisis si no es con más militarización
Complejo, crítico y difícil. Así es como describen defensores de derechos humanos la oleada de violencia que atraviesa Norte de Santander hace dos meses, casi en paralelo con el inicio de las manifestaciones en el marco del paro nacional.
“Es un panorama que arrancó con el asesinato de la Fiscal en el municipio de Tibú, lo que llevó a un Consejo de Seguridad junto al Fiscal General de la Nación; uno como todos, donde solo se ofrecen recompensas y más militarización para Norte de Santander”, dijo Enrique Pertuz, coordinador general de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos.
Agregó que pasada esa eventualidad, se presentaron otras dos importantes situaciones ya conocidas que derivaron en lo mismo, y que, en ese sentido, se evidencia la deuda que tiene el Estado con la región.
“El atentado con carro bomba a la Brigada 30 llevó a otro Consejo de Seguridad, esta vez con la presencia del señor presidente Iván Duque, pero con los mismos resultados. Luego el Presidente salió de la ciudad y regresó a los pocos días supuestamente a rendir cuentas al Catatumbo sobre las inversiones que hay en el marco de la estrategia Paz con Legalidad. Uno no se explica cómo un Presidente viene a rendir cuentas a Norte de Santander cuando todos sabemos que hay un saldo en rojo no solo con la subregión del Catatumbo, sino con el departamento en general”, dijo el dirigente sindical.
Con lo ocurrido en Chinácota, inimaginable para muchos por ser un municipio muy querido y noble de Norte de Santander, dice Pertuz que se evidencia la escalada de los violentos en el departamento y que ya no tienen límites para el desarrollo de sus políticas de agresión contra la fuerza pública y la población. Sin embargo, añade que hay un trasfondo político necesario de analizar.
“El Gobierno Nacional ha intentado responsabilizar al ELN de una serie de acciones ocurridas, pero creo que es una forma de desviar la situación política y social que está viviendo el país a raíz de las movilizaciones, asimismo del informe presentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del llamamiento que hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.
Dice Pertuz que la presencia de otros 600, 1.000 ó 3.000 uniformados no van a solucionar los problemas de orden público que está viviendo el departamento, y que, esa única oferta de parte del Estado, solo incrementará la violencia en la región.
“Lo que hemos propuesto como defensores de derechos humanos es que contrario a la militarización, el gobierno proponga una política de desarrollo para combatir la pobreza, el desempleo, la falta de educación, de vías, infraestructura, entre otros. Mientras no haya esa visión respecto a Norte de Santander, el conflicto va a prolongarse otros 57 años. Tenemos un presidente que cree que los problemas se resuelven con la fuerza en el departamento y en el país, y ahí tenemos esos resultados catastróficos desde el punto de vista de derechos humanos”, puntualizó.
En modo de reflexión a los nortesantandereanos, Pertuz dice que de los 450 mil votos que sacó el Centro Democrático en Norte de Santander en la figura de Iván Duque como presidente, ahí están los resultados en retribución para la región.
