¿Por qué debería preocuparnos que el alcalde Jairo Yáñez diga que el 95% de los homicidios en Cúcuta ocurren en la zona rural?
Es bien sabido que las críticas nunca son bien tomadas y menos si se es una persona indispuesta a recibirlas, pero en diálogo con John Anzola, ex subsecretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Cúcuta, El Santanderista analizó las palabras del mandatario municipal en el informe del diario El Tiempo del pasado 4 de julio de 2021, que compromete no solo a su gestión sino que también le aporta cada vez más a la estigmatización de las personas que habitan la periferia de la ciudad, yendo en contravía de los esfuerzos que realiza Elisa Montoya, su secretaria de Posconflicto y Cultura de Paz, por dignificar la vida de quienes han sido víctimas de los señalamientos generación tras generación.
En el texto en mención, el otrora “Viejito del Megáfono” dijo que el 95 por ciento de los asesinatos ocurren en la zona rural. Y admitió que Cúcuta es de las ciudades más críticas, no solo de Colombia sino de Latinoamérica.
“Uno no puede salir a hablar como el Alcalde lo hizo. Podemos pensar que se equivocó pero lo ha hecho repetitivo. Allá en la zona rural hay unos homicidios que vienen creciendo, es cierto, pero en mi conocimiento no superaban el 15% de los ocurridos en la ciudad. Ahí hay un fallo y por ello son importantes las cifras de seguridad, ojalá diarias como lo hacíamos nosotros, pero dejaron de publicarlas en julio del año pasado, y considero que fue por presión sobre la Alcaldía porque a las entidades, particularmente a la Policía, no le gustaba que los medios de comunicación y la ciudadanía supieran cómo estaban las cifras de seguridad en la ciudad. Eso es clave, es información pública y son el primer elemento para formar políticas públicas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana es la que tiene que velar para que el Alcalde no salga a decir esas cosas”, dijo el exfuncionario.
En una entrevista con el diario La Opinión del pasado 15 de diciembre de 2020, Yáñez ya había dicho que la zona rural de Cúcuta aporta no menos del 90% de los homicidios al municipio. Las cifras, sin embargo, no cuadran. En un informe del año pasado se dijo que entre el 80 y 85 por ciento se cometían en la zona urbana, es decir, en pleno casco de la ciudad. Los datos son de la Policía y de la Fiscalía.
En ese sentido, la desinformación de Yáñez podría generar una serie de decisiones que no corresponden al lugar y a los acontecimientos particulares del municipio. Es decir, la posible promoción de más violencia por intolerancia, zozobra y percepción de inseguridad en todos los sectores de la población.
“Yo veía allá muchos medios de comunicación de Facebook y virtuales que tienen mucho impacto sobre la opinión pública, pero no sabían de qué se estaba hablando en materia de seguridad. Cuando un medio dice que la percepción de inseguridad es en toda la ciudad, genera zozobra, pero si lo analizamos, la inseguridad es distinta en cada punto y es en sectores específicos. No hay cultura de la política de seguridad”, aseveró.
Agregó Anzola que lo que se entiende por seguridad en Cúcuta, es sacar más Policía y Ejército a las calles de la ciudad.
“Los sucesos de los últimos meses demuestran que el hecho de que te pongan cualquier cantidad de policías y ejército en la calle, no es garantía de que mejore la seguridad, eso requiere de una serie de acciones más robustas bajo el liderazgo del Alcalde. Pero él no entiende el tema y tiene esa visión de más Ejército y Policías en las calles de la ciudad, a pesar de que María Fernanda Fuentes (la secretaria de Seguridad Ciudadana de entonces) y yo, se lo explicamos muchas veces”, comentó.
¿Influyó el coronel Palomino en el empeoramiento de las cosas?
John Anzola, quien además de ex subsecretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta es Politólogo, especialista en resolución de conflictos armados, Magíster en Ciencias Políticas y en Planeación del Desarrollo Urbano, y experto en políticas de seguridad y convivencia ciudadana, dijo que él y María Fernanda Fuentes decidieron dar un paso al costado de la actual Administración Municipal por varias cosas, entre las que primaron las razones personales.
“Tuvimos una muy buena relación con todas las entidades menos con el coronel José Luis Palomino, él tenía una visión muy folclórica de los planes y proyectos estratégicos para la ciudad. Hubo escenarios en los cuales necesitábamos un apoyo decidido del Alcalde respecto al manejo de la información que se tenía por parte de la Policía respecto a las cifras de seguridad y no encontramos ese respaldo. Pienso que eso también le pasó al posterior secretario Sergio Martínez. Fue de los primeros quiebres que tuvimos con Palomino para que nos suministrara información de la Policía”, indicó Anzola.
Un Observatorio de Seguridad Ciudadana fue precisamente una de las tantas propuestas que Anzola y la exsecretaria Fuentes propusieron al alcalde Jairo Yáñez para, entre otras cosas, modernizar y dar mayor sentido a lo que se entiende y lo que se tiene como Secretaría de Seguridad Ciudadana en el municipio.
“Esa es una de las cosas que está en mora por parte de la Alcaldía y lo tienen que cumplir porque quedó dentro del Plan de Desarrollo. La idea era que eso lo empezaran desde este año. El seguimiento a las cifras e indicadores de seguridad nunca se había hecho en Cúcuta y lo dejaron por fuera, siendo necesario porque Cúcuta es la séptima ciudad más importante del país. Para otras ciudades de Colombia es normal que alguien vaya y les pregunte cuántos homicidios hubo este mes y, de hecho, eso es una herramienta clave para hacerle frente a los dos principales retos que tiene la ciudad: los hurtos y los homicidios”.
“Cúcuta nunca ha tenido una política de seguridad ciudadana más allá de que haya una secretaría. La Secretaría existe pero nos dimos cuenta de que siempre había sido una caja menor de favores burocráticos, para contratar gente y apoyar a la Policía en algunas cosas sociales pero muy alejada de lo que debería ser. Encontramos una serie de funcionarios administrativos pero ninguno que conociera en qué consiste la seguridad ciudadana”, señaló Anzola.
Agregó que también “encontramos la olla raspada con un presupuesto anual de 200 millones de pesos que no alcanzan para nada y menos en términos de seguridad, lo cual es vergonzoso. No había procesos para definir el uso de los fondos de seguridad y se invertían en cosas que no tenían que ver con el tema como la compra de un video beam o la pintada de una fachada de la fuerza pública”.
“Así que lo primero que teníamos que hacer era poner la casa en orden. Nos dimos una pelea al interior de la Administración para garantizar recursos para esa Secretaría para el cuatrienio y quedó con más o menos 12 mil millones de pesos, que no es nada comparado con otras secretarías del país, pero era un paso para consolidarla como un Despacho importante con enfoques en la ciudad. La dejamos montada para que pudiera trabajar el que llegara y desafortunadamente no lo hemos visto hacer nada”, comentó.
No había salida al escenario actual
Anzola asegura que la situación actual de Cúcuta se veía venir, sobre todo al paso de la pandemia del Covid-19, pues debido a la recesión económica y social, el desempleo y la informalidad, era cuestión de tiempo para el surgimiento de un rebrote de violencia en la región.
“Lo más viable es tener claro y aplicar el Plan de Desarrollo. Asimismo los Consejos de Seguridad no son solo para hacerlos cuando pasa algo grave, son para sentarse con las autoridades a analizar cifras, ver cómo vamos y articular acciones. Abandonar la mentalidad de que Cúcuta es una ciudad pequeña y empezar a pensar en grande teniendo clara la relevancia que tiene la ciudad tanto para la frontera como para el país”, finalizó.
En ese sentido, en Cúcuta, entre otros proyectos, se pondrá en marcha la construcción del nuevo acueducto, el Centro de Convenciones y un agresivo plan de atención fronteriza que pretende impactar en la economía regional y en la seguridad de la ciudad.
Pero, ¿qué va a pasar con las más de 12 organizaciones criminales que delinquen en la región, incluidas el ELN, EPL, el ‘Clan del Golfo’, las Autodefensas Gaitanistas, ‘Los Canelones’ y disidencias de las FARC? Además de las bandas violentas provenientes de Venezuela como el ‘Tren de Aragua’, ‘La Línea’ y ‘La Frontera’, organizaciones colombo-venezolanas al servicio de ‘Los Rastrojos’.
Ni hablar de la supuesta incursión en la periferia de Cúcuta de las mafias internacionales (mexicanas, turcas e italianas), que operan en el Catatumbo y que son las encargadas de comercializar la cocaína a Centroamérica, Estados Unidos y Europa, así como la posible reagrupación del paramilitarismo en los sectores populares de la ciudad.
Todo ello se mezcla con el desempleo, la informalidad, el contrabando de gasolina, el microtráfico y decenas de delitos adicionales que se pasean como perro por su casa, como resultado de la consolidación de grupos de crimen organizado que parten desde el cierre de la frontera en agosto de 2015 y la insensibilidad del Estado para atender la situación.
Le espera una tarea titánica a esta, o a la próxima Administración Municipal, para recuperar un poco de la anhelada sensación de seguridad. Amanecerá y veremos.
