Desde hace unas semanas hemos intentado hacer una evaluación de los patrullajes mixtos que se realizaron en Cúcuta desde septiembre de 2020, pero el camino ha sido culebrero. Las preguntas que hicimos a las autoridades estaban relacionadas con el horario y el lugar donde se realizó esta actividad, con el número de uniformados destinados para el caso y con los delitos que disminuyeron en los lugares específicos que se patrullaron. Voy a sintetizar aquí las formalidades agotadas en la difícil tarea de obtener información sobre los patrullajes entre policía y ejército.
Un primer paso fue acudir a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, pero la respuesta institucional no llegó oportunamente por un error al momento de respondernos la petición. Unos días después, cuando se pudo conocer la respuesta, nos dijeron que la razón para no responder las preguntas de fondo estaban en el artículo 21 de la Ley 1755/2015. Lo extraño es que esta ley solo tiene dos artículos. Logrando adivinar a cuál artículo se refería la respuesta, se encontró que aludía realmente al Artículo 1 de la Ley 1755/2015 que, a su vez, modificaba el artículo 21 de la Ley 1437/2011. Superado este pequeño enredo jurídico, finalmente se supo que el motivo por el cual no nos respondieron la petición de fondo es porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cúcuta no tiene competencia para responder estas preguntas.
Pregunta: ¿No está dentro de las funciones esenciales de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Cúcuta ejecutar y conocer la efectividad de las estrategias implementadas en las zonas de alta complejidad?
El segundo paso estuvo a cargo de la Policía Metropolitana de Cúcuta. En la respuesta nos dijeron que entre el 15 de septiembre de 2020 y el 15 de septiembre de 2021 no se efectuaron patrullajes mixtos bajo la figura de asistencia militar. Así de claro y extraño. Esto es sorprendente -por decirlo de alguna manera- porque precisamente esta fue una estrategia que se implementó frente a los graves problemas de seguridad que viene afrontando Cúcuta desde el año pasado. Problemas como el alto número de homicidios entre mayo y agosto de 2020, el atentado contra la Brigada y el atentado contra el presidente.
Pregunta: ¿Mienten los múltiples videos y notas de prensa en las que la alcaldía, de forma conjunta con policía y ejército, menciona la asistencia militar para hacer frente a los graves problemas de seguridad de Cúcuta?
Un tercer paso se dio en el trámite de acción de tutela que iniciamos para que la administración respondiera la petición. Ante el juez de tutela, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cúcuta mencionó que no tienen “dentro de su deber funcional responder por información clasificada y de reserva”, pues esa labor corresponde a la policía y al ejército. Este es el punto más grave del tortuoso camino de solicitar información de interés público, pues se evidencia un desconocimiento de la ley de transparencia y de acceso a la información pública, y de la sentencia C-274/1 de la Corte Constitucional donde establece qué es la información pública reservada y cuáles son las contadas excepciones en que se puede exceptuar el acceso a esta.
Pregunta: ¿No es de interés público saber cuáles fueron los lugares patrullados por policía y ejército, cuánto tiempo se realizó esta actividad y cuál fue su eficacia?
Ante este panorama, seguiremos insistiendo hasta obtener información y poder evaluar los programas que en Cúcuta se implementan para hacer frente a los problemas de seguridad. Esta información, ya sea favorable o adversa, hay que divulgarla para saber qué se está haciendo bien y cuáles son las correcciones por realizar.
