Piden intervención de la ONU y CIDH en la frontera

Gremios económicos y defensores de DD.HH. dicen que desde el cierre de la frontera en el año 2015, las cifras de violaciones de derechos humanos son abismales para el Táchira y Norte de Santander

El descontrol del territorio con los pasos fronterizos legales cerrados, con decenas de caminos ilegales y las fuertes tensiones fronterizas, han  profundizado el deterioro de los Derechos Humanos de manera exponencial y sistemática de los ciudadanos habitantes de la frontera entre Colombia y Venezuela, quienes se ven obligados a cruzar de un país a otro por las mal llamadas “trochas” que están al control de los diferentes grupos armados al margen de la ley con presencia en esa zona limítrofe con el vecino país.

Así lo describe el gremio económico de Cúcuta y defensores de DD.HH., quienes elevaron una solicitud a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y a Antonia Urrejola, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para la intervención de la ONU y de la CIDH en relación con el cierre de la frontera desde 2015 en Norte de Santander.

Para ello solicitan:

• Recibir, analizar e investigar dicha petición.
• Promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en los municipios de frontera en el departamento de Norte de Santander.
• Realizar visita para que se prepare un informe sobre la situación de los derechos humanos en cuanto a las violaciones cometidas y su prevención.

Dicen los firmantes de la solicitud que a partir del cierre de la frontera en el año 2015, se han venido presentando diferentes violaciones a los Derechos Humanos tanto a la población de acogida como a los migrantes venezolanos, que, a diciembre de 2020, han ingresado a Colombia 1.729.000 de ellos de los cuales:

• Más de 966 mil, cerca del 56%, se encuentran en condición irregular.
• De los 5 millones de venezolanos, más del 34% del total, reside en Colombia.
• Más de 18 mil migrantes venezolanos han ingresado diariamente en los últimos dos meses de manera irregular en 2 meses.

Detallan en el documento que la frontera entre Colombia y Venezuela “es una tormenta perfecta en la que proliferan grupos armados, narcotráfico y contrabando; tormenta que se traduce en condiciones especiales de vulneración de Derechos Humanos de las personas que transitan diariamente estos caminos. El tráfico de personas, el abuso sexual, así como el reclutamiento forzado y la utilización de menores para fines ilícitos son los delitos que han venido creciendo debido a estas situaciones de vulnerabilidad a la que se ven sometidos los migrantes venezolanos”.

Agregan que la deserción escolar de los niños, niñas y jóvenes, su vulneración a la seguridad jurídica, a la xenofobia, feminicidios, matrimonios serviles, restricción a la asistencia médica, “son además otras situaciones de vulneración a los Derechos Humanos a los que se ven sometidos la población de la frontera entre Colombia y Venezuela que requieren una especial atención y protección del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos traducida en una rápida y eficaz Acción Humanitaria”.

De acuerdo a las cifras suministradas en el documento, desde el cierre de la frontera en 2015 a la fecha, el municipio de Puerto Santander registró 86 asesinatos, 21 extorsiones y 34 desapariciones forzadas; Tibú 405 homicidios, 70 extorsiones y 107 desapariciones forzadas. Villa del Rosario 236 asesinatos, 175 extorsiones y 80 desapariciones. Cúcuta por su parte registra 1428 asesinatos, 742 extorsiones y 879 desapariciones.

Asimismo añade el gremio económico de la región que la permanente presencia del paramilitarismo (Clan del Golfo y Los Rastrojos), y las bandas organizadas como La Línea, El Tren de Aragua, Los de la Frontera, las Autodefensas Unidas de Venezuela y Colombia, organizaciones del tráfico de drogas y del contrabando en todas sus modalidades y demás organizaciones insurgentes del Ejército de Liberación Nacional ELN, disidencias de las FARC y del Ejército Popular de Liberación (EPL), así como la fuerte presencia de las Fuerzas Militares de Colombia y Venezuela son “actores que generan un frontera de Terror y de miedo que atenta contra los derechos fundamentales de la población civil”.

Y finaliza el documento indicando que los ciudadanos de ambos sectores fronterizos históricamente han sustentado su economía en las relaciones comerciales entre ambos países por lo que restablecer esa relación es fundamental no solo para la recuperación de la economía sino también para su diario vivir.

Así las cosas, los representantes del Comité Intergremial, sector textil y hotelero, así como el de carga pesada y aduanero entre otros, solicitan que se realicen algunas recomendaciones al gobierno nacional y departamental en la adopción de las medidas necesarias que contribuyan a la protección de los derechos humanos en los Municipios de frontera de Norte de Santander, y exhortar a un dialogo concertado entre ambos países para una apertura binacional de la frontera que contribuya a mitigar el conflicto en esta zona y que permita proteger los derechos humanos de la población.