Meses después de que la Superintendencia Nacional de Salud ordenara la intervención del hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, por las posibles irregularidades que allí se estaban cometiendo, esta entidad vuelve a ser noticia por los despidos masivos de tipo administrativo, asistencial y de servicios generales, que se estarían presentando al interior de la institución.
Según la denuncia, 13 empresas contratistas intermediarias fueron sustituidas por otras que, al llegar al hospital, decidieron no contar más con los servicios de un importante número de trabajadores locales, sustituyéndolos por contratistas que no son de Norte de Santander.
El señalado responsable de esta situación es el agente especial interventor, Yamil Blel, designado por la Supersalud para las respectivas investigaciones administrativas y financieras, quien, en una aparente decisión arbitraria, habría dejado sin empleo y sin vacuna contra el coronavirus a un 30% del personal asistencial, administrativo y de servicios generales del hospital.
“No estamos en contra de la intervención, eso que quede claro. El interventor está para revisar las irregularidades y corregirlas, pero cómo van a despedir así a tantos profesionales locales que estuvieron en la primera línea de batalla contra el coronavirus, y que tenían hasta 20 años trabajando en esa institución, para ser reemplazados por gente de la Costa y, lo peor, quedando sin empleo y por fuera de los priorizados en el Plan Nacional de Vacunación”, expresó Alonso Vellojín, médico cirujano y asesor en salud de Norte de Santander.
Cabe recordar que los presuntos hallazgos administrativos y financieros han sido varios. El interventor identificó un favorecimiento a 6 contratistas por 35.672 millones de pesos, que representan el 39,4% del presupuesto de la institución para la vigencia del 2020. También, el no cumplimiento de requisitos para la contratación; falta de sustento técnico, de estudios de mercado y financieros. Así mismo, el pago de anticipos sin justificación y sin un adecuado seguimiento al uso y manejo de los recursos públicos.
“Hasta ahí está bien, porque está contemplado en la normatividad. Sin embargo, estamos hablando de un tema netamente humanitario; ¿qué culpa tiene un barrendero o una enfermera de lo que pasa en el hospital? …
…hay que proteger el talento humano de Ocaña porque el hospital es de los nortesantandereanos; está intervenido y bienvenida sea la intervención, pero no está expropiado. Por eso el señor interventor no puede despedir a nuestro personal y traer gente de afuera por un capricho personal”, aseveró Vellojín.
El interventor también encontró medicamentos sin soportes legales, presunta sobreestimación de los activos de la empresa, que el hospital no cuenta con los recursos para cubrir sus obligaciones, y muchas otras situaciones que hoy repercuten en el cese laboral del personal previamente mencionado.
Caso Jorge Luis Solano
Al escenario de desempleo y presunta corrupción en el hospital, se suma el homicidio del líder social Jorge Luis Solano, quien hasta el día de su asesinato, el pasado 3 de noviembre de 2020, denunció públicamente las dificultades económicas de la institución y los presuntos intereses políticos en el sector de la salud.
Y aunque los presuntos autores intelectuales del hecho permanecen en prisión, lo que no deja de llamar la atención de las autoridades es que Carlos Pinzón, uno de los capturados, es primo de Jairo Pinzón López, quien hasta el lunes pasado era el gerente del Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña.
