La protesta, más que un derecho constitucional y legal, es un derecho humano. Cuando la sociedad considera vulnerados algunos o la totalidad de sus derechos, está obligada a protestar.
Pero una cosa es la protesta legítima y otra muy distinta las vías de hecho, es decir, la violencia ejercida contra las personas, sus bienes o contra los bienes del Estado, que son de todos y se construyen con el aporte de la sociedad.
Las protestas de hace años eran tan difíciles como las de hoy, pero se debe diferenciar entre las movilizaciones callejeras (marchas) y un paro general. Lo que hay hoy no es un paro. El paro en el estricto sentido de la palabra se da cuando los medios de producción se detienen y se cierran fábricas, oficinas, almacenes y en general todos los centros de trabajo. Por ello la violencia que se ejerce, tratando de parar el aparato productivo, es vandalismo, pero no paro.
Valdría la pena recordar las masivas manifestaciones y marchas en el gobierno de César Gaviria. Las principales ciudades marcharon masivamente en contra del neoliberalismo y la imposición de la privatización de la mayoría de las empresas del Estado. Se lograron muchas cosas, pero no todas las que se esperaban. Pero no hubo un vidrio roto, ni un carro quemado, ni un daño a la propiedad privada o del Estado.
Los bloqueos son infames, pues no distinguen entre una ambulancia que lleva un enfermo a urgencias, ni el carro transportador de alimentos y medicamentos, ni tampoco los vehículos que transportan a los ciudadanos a destinos como el trabajo, su hogar o a quien va en busca de alimentos para los suyos. Los bloqueos son criminales.
Es importante tener presente que no son la mayoría de colombianos los que hoy marchan, son una minoría. Aceptemos en gracia de discusión que a las marchas y concentraciones han asistido más allá de un millón de ciudadanos, la pregunta sería, ¿y el resto de los colombianos qué? Pues la respuesta es sencilla, están en los centros de producción, están en el diario batallar de su trabajo callejero, para llevar el magro sustento a sus hogares.
Ahora bien, debemos ser conscientes de que las protestas son justas y justificables y el Estado debe buscar por todos los medios satisfacer las necesidades básicas del pueblo. Es por ello que se debe imponer el diálogo y no las medidas de fuerza. El bien común debe estar por encima de las apetencias políticas.
También debe ser claro, que nuestro actual gobierno es muy regular tirando a malo. La sensación del ciudadano en las calles es que la nave del Estado va a la deriva. No hay un timonel que enderece el rumbo. Un jefe de Gobierno no puede mostrar debilidad y muy por el contrario se espera su mano firme y su voz resuelta a enfrentar las vicisitudes de la patria. Hoy el Estado y sus estructuras están en capacidad de responder a los vándalos y allí es cuando debe aparecer la mano firme del conductor de la patria.
Pero lo más doloroso que hoy pasa en nuestro país, es que hay una enorme población a un paso de pasar de la pobreza a la miseria. Cabe allí preguntar al mundo político y al gobierno, ¿cómo nos pueden explicar que un hombre que se gana 350.000 pesos al mes dizque ya no es pobre? Eso es cerrar los ojos ante nuestra dura realidad y tratar de apagar el fuego con gasolina.
Una sociedad así es inviable y fácil de caer en la tentación que traen los cantos de sirena y que buscan un nuevo Estado, sin que se pueda explicar hacia dónde nos conduce. La arcadia soñada no existe, y solo saldremos de nuestra eterna tragedia, cuando unos y otros entendamos que solo la justicia social es el camino. No olvidemos que “la paz es el dulce fruto de la justicia”.
