Un cambio urgente en el enfoque de las medidas socio-políticas y económicas que se han tomado contra la COVID-19, piden analistas y académicos de Cúcuta, toda vez que a las recientes cifras de percepción en seguridad, se suman los efectos del deterioro económico, con el desempleo y la informalidad reinando en el municipio.
En ciudades como Cúcuta la tasa de informalidad durante el 2020 fue del 72,9%, datos preocupantes para el desarrollo, el bienestar y la estabilidad económica de la población.
“En los boletines del DANE es frecuente ver que ciudades como Barranquilla presentan bajas tasas de desempleo, pero a costa de una ocupación con alta informalidad. En el caso de Cúcuta y el Área Metropolitana, se presenta una combinación de alto desempleo con la mayor informalidad del país. Esto lleva a cuestionar y a repensar las medidas de políticas implementadas, en especial las de salud pública, que deben ser complementarias a las económicas en nuestra ciudad”, expresó Jorge Ramírez-Zambrano, profesor e investigador de economía regional y políticas públicas de Cúcuta.
En ese sentido, para Ramírez-Zambrano es necesaria la actualización de los protocolos de bioseguridad con base en la evidencia disponible, es decir, de acuerdo al actual comportamiento del virus en la ciudad y, con la mayor urgencia, la aplicación de la vacuna en el territorio nacional.
Es necesario actualizar los protocolos: no son eficaces ni útiles los tapetes y control de temperatura. Sí lo es con base en la evidencia:
1. Distanciamiento.
2. Control de aforos.
3. Uso del tapabocas y lavado de manos
“En cuanto a la política económica es necesario que contenga una perspectiva regional, un enfoque social diferenciador donde la educación es clave, y orientarse al fomento empresarial, la generación de empleo, la inclusión productiva y la formalización”, puntualizó el educador en referencia a las falencias históricas que padece Cúcuta para el desarrollo laboral.
Asimismo, Ramírez-Zambrano considera que el gobierno nacional debe comprometerse a plenitud con esta zona de frontera, donde el diálogo entre los gobiernos territoriales, el sector privado y las universidades pueda surtir propuestas específicas de reactivación económica, laboral y social. Esta es una asignatura pendiente en el 2021 y que la ciudadanía clama por una vía de escape más allá de la informalidad.
