De la deuda externa y el grado de inversión

Recuerdo como si fuera ayer aquellos días del año 2011, cuando me desempeñaba como asesor externo del fondo de pensiones Porvenir. A dos oficinas de mi escritorio, operaba la mesa de dinero, donde laboraban discretamente un grupo de unos 20 traders jóvenes en frente de unas pantallas gigantes, haciendo operaciones bursátiles en grandes cantidades. El silencio de aquella mañana fue interrumpido por múltiples gritos de júbilo seguidos de una serie de aplausos y abrazos entre ellos. Sin esconder la curiosidad me acerqué a la sala y al preguntar por el motivo de su euforia, una experimentada trader me miró con una inmensa alegría y me dijo: ¡Colombia acaba de recuperar el grado de inversión!

Tal expresión de felicidad entre los traders de aquella mesa de dinero era compartida por toda la comunidad financiera, inversionista, empresarial y el alto gobierno. La recuperación del grado de inversión significaba que ahora los fondos de pensiones, fondos de capital privado y fondos soberanos, podían invertir libremente en títulos de empresas colombianas cotizados en bolsa. También que la deuda externa colombiana resultaría menos onerosa al bajar los intereses y la tasa representativa del mercado del dólar estadounidense iniciaría una tendencia importante a la baja, lo que aumentaría el poder adquisitivo de los colombianos en el exterior, fortaleciendo nuestra moneda. Para los traders implicaba también la llegada de nuevas alzas en los precios de cotización de las acciones, mejorando el desempeño de sus portafolios, así como una nueva inyección de confianza en nuestro mercado local.

Tener grado de inversión, esa calificación superior BB+ que es otorgada por las grandes calificadoras internacionales, como Standard and Poor’s, Fitch y Moody’s, implica un sello de confianza en el país, es una credencial de estabilidad política, fiscal y macroeconómica que permite hacer apuestas a largo plazo. Este momento histórico significó para Colombia el reconocimiento oficial de varios años de buenas decisiones en seguridad nacional, económicas y fiscales, la promoción de la inversión, y el auge de los hidrocarburos que marcó una bonanza económica sin precedentes en nuestra historia: Colombia empezaba a figurar como un país petrolero a nivel regional.

Desafortunadamente hoy, 10 años después de ese grandioso día, nos encontramos frente a la noticia de la pérdida del grado de inversión. Los compromisos asumidos en materia fiscal, los programas sociales, el aumento de la carga pensional, el paro nacional, la pandemia de la COVID-19 y la corrupción e ineficiencia del gasto público, nos llevan hoy a enfrentar la dura decisión de conseguir más recursos por medio de una reforma tributaria cuyo primer intento ha fracasado, y que a la hora de establecer las nuevas cargas, todos escurren el bulto; las empresas alegan que no aguantan más impuestos, los ciudadanos alegan que ya están del cuello y que aumentar su carga les implicaría descender de clase social, la clase política se aprovecha irresponsablemente de la situación para pescar en río revuelto, criticando todo lo que se hace sin proponer solución alguna.

Al caer la calificación, Colombia hoy en día está en grado especulativo, lo que  implica que muchos inversionistas internacionales no pueden invertir en Colombia y que la deuda externa se encarece, por lo que será necesario destinar una mayor parte del presupuesto nacional al servicio de la misma, generando una nueva presión fiscal a las ya golpeadas finanzas del Estado. Hoy por hoy, Colombia tiene una deuda externa que en proporción al PIB es superior a las de otros países con grado de inversión. Adicionalmente, el gasto público es superior al recaudo. Esta situación, en las dimensiones de hoy, es inédita para Colombia, pues nunca el gasto del Estado había sido tan grande en proporción al PIB. No obstante, en la medida en que haya estabilidad política y se avance en materia de vacunación, podrá superarse poco a poco esta coyuntura. La imaginación y creatividad empresarial, el espíritu emprendedor y la unión de nuestra clase política en torno a un rumbo económico para el país y unos acuerdos mínimos clave que permitan el normal desarrollo de la actividad económica, serán fundamentales para revertir la tendencia y recuperar el grado de inversión.