Controversia, causó en Cúcuta el rechazo a la solicitud de sometimiento voluntario del exalcalde Ramiro Suárez Corzo en la Jurisdicción Especial para la Paz, por negarse a entregar información precisa y oponerse a la verdad plena en el marco de las investigaciones lideradas por el mecanismo de justicia transicional.
Al parecer, los escasos recursos y versiones entregadas por el exmandatario para el periodo 2004-2007, generaron que se tomara esta decisión por parte de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. Cabe destacar que dicha solicitud había sido aceptada en junio de 2019.
“El año pasado con el abogado Yefri Torrado alertamos a la JEP sobre cómo el imputado estaba alterando sus compromisos de verdad”, indicó el exsecretario de Gobierno de Cúcuta, Francisco Javier Cuadros, al asegurar que, sin ninguna prueba, Suárez Corzo pretendió acusarlo de pertenecer a un grupo criminal para obtener beneficios en una eventual declaración ante la JEP.
Cuadros agregó que, mediante un escrito de un acto investigativo motivado por Elisa Peña Ruiz, apoderada de Ramiro Suárez, el exalcalde lo señaló de ser miembro de las Águilas Negras y que, siendo funcionario de la Alcaldía de Cúcuta, había pedido exhumar e incinerar unos ‘falsos positivos’ que serían clave para sus declaraciones en la JEP.
Según Cuadros, Suárez dijo que “conocida la noticia de que van a exhumar 500 N.N. por orden del Secretario de Gobierno, estos son falsos positivos ocurridos entre el 2005 y 2007, de lo cual yo entraría a detallar en la JEP, y piensan incinerarlos para recoger evidencia (…) El actual Secretario de Gobierno, antiguo integrante de las Águilas Negras, como entraré a probar por medio de los testigos en el momento de mis declaraciones ante la JEP”.
Cuadros agregó que a raíz de esa situación, solicitó ante la Sala de Definición de la JEP, dentro del marco de sus competencias, que esta decidiera si Ramiro Suárez Corzo violaba el régimen de condicionalidad y, si era el caso, iniciara incidente de incumplimiento.
La JEP señaló que lo aportado hasta ahora por el exmandatario de Cúcuta no tiene todavía “la concreción, claridad y programación requerida como para servir de insumo en la gestión de un régimen de condicionalidad y, por lo tanto, no genera servicio a un diálogo con las víctimas y el avance de la justicia restaurativa”.
En 2017, Ramiro Suárez Corzo había pedido pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), invocando la condición de agente del Estado y bajo el compromiso de esclarecer toda la verdad sobre los dos homicidios en los que está involucrado: el del asesor de la Alcaldía de Cúcuta, Alfredo Enrique Flórez, y el del veedor ciudadano Pedro Durán Franco, ambos ocurridos en 2003 y cometidos por los paramilitares que para entonces sembraban el terror en la ciudad, bajo las órdenes de Jorge Iván Laverde Zapata, conocido como El Iguano.
Con la salida de Suárez Corzo de la JEP, el caso del veedor ciudadano Pedro Durán se reactiva en la justicia ordinaria.
