Preocupadas están las autoridades de la salud de Norte de Santander por la deuda de más de 67 mil millones de pesos que padecen clínicas y hospitales por atención a población migrante en la región. A la cifra se suma la incertidumbre porque en dos años no se registran pagos por este servicio, que podría colapsar cuando se ejecute el estatuto de protección al migrante en el territorio nacional.
“Tenemos una deuda de atención a esta población en nuestras instituciones públicas de salud que está alrededor de 67 mil millones de pesos, hace dos años no tenemos pagos por estas atenciones y estamos ad portas de un estatuto de protección al migrante donde vamos a continuar demandando atención y necesitando recursos”, dijo Carlos Martínez, director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander.
Para Martínez, el estatuto de protección al migrante minimizaría las atenciones porque se estaría regulando la permanencia de los venezolanos en la región. La mayor parte de la deuda la tienen los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, Puerto Santander y Tibú.
El parto de mujeres venezolanas es el servicio que más demanda hay en los centros médicos de la región. Se esperan prontas soluciones a la crisis de parte del gobierno nacional.
