En lugares como Norte de Santander, donde el conflicto y la violación masiva de derechos humanos es una triste y frecuente noticia, la Defensoría del Pueblo cumple una labor valiosa que consiste en advertir a las autoridades locales y nacionales que cierta población está en peligro por causa de la disputa entre grupos armados. Estas advertencias, llamadas alertas tempranas, tienen un diagnóstico sobre el contexto de la región y unas recomendaciones que deberían tenerse en cuenta al momento de empezar a responder la pregunta que por estos días les hacen a los dirigentes: ¿Qué hacer con la violencia en Norte de Santander?
Por cuestión de espacio, en esta columna voy a referirme a la Alerta Temprana 035, emitida el 5 de agosto de 2020. En esta alerta se establecieron tres escenarios de riesgo para Cúcuta, Puerto Santander y Villa del Rosario: el primero relacionaba la confrontación del ELN y Los Rastrojos; el segundo hacía énfasis en la disputa entre ELN, EPL, La línea, El tren de Aragua y las Autodefensas Unidas Colombo-Venezolanas; y un tercer escenario señalaba el terreno que iban ganando las disidencias del Frente 33 de las FARC mediante el cobro de extorsiones y presencia regular en esta zona. Como consecuencia de esto, se evidenció un riesgo alto para diversos grupos sociales como mujeres, niños, niñas, adolescentes, migrantes, indígenas Yukpa, población LGBTI, excombatientes, víctimas del conflicto, población campesina y líderes sociales, pues podían ser objeto de homicidios, amenazas, desplazamiento forzado, violencias basadas en género, trata de personas, desaparición forzada, reclutamiento forzado y extorsiones.
Allí, también se advirtió “que cada vez tomará más fuerza la acción del reducto del Frente 33 de las FARC en los municipios del sur de Norte de Santander. Ya hay evidencias de su presencia en municipios como Toledo, Chitagá y Herrán, así como en la frontera sur del departamento con Cubará, por lo que su movilidad hacia el área metropolitana de Cúcuta por medio de ese corredor resulta conveniente”. Leer estas palabras en el informe estremece, pues fueron comunicadas hace un año a las autoridades regionales y resultan premonitorias frente a los hechos violentos ocurridos esta semana en Chinácota, donde fue atacada la estación central de policía
Ante este panorama, la defensoría hizo un listado de treinta y siete recomendaciones a distintas autoridades regionales y nacionales, las cuales implicaban desplegar acciones para desarticular estos grupos armados; fortalecer la presencia en el territorio; establecer estrategias de control de actividades ilícitas; avanzar en la investigación de los delitos de trata de personas, reclutamiento y desaparición forzados; fortalecer las unidades que investigan los homicidio y amenazas contra la población en riesgo; adoptar las medidas necesarias para la búsqueda de personas desaparecidas; construir mecanismos de cooperación binacionales para la ubicación de cuerpos en la frontera; prevenir el reclutamiento forzado de menores migrantes; definir una posible reubicación del pueblo Yukpa; articular a las personas excombatientes presentes en la región, esclarecer los delitos cometidos en su contra, brindando acompañamiento psicosocial y protección personal; y establecer medidas de prevención y protección en zonas de riesgo de minas antipersona.
Quienes conocen por dentro el trabajo de la defensoría hablan bien de la calidad de sus funcionarios y de su dedicación para elaborar las alertas tempranas, pero también saben que el cumplimiento de las recomendaciones es limitado y muchas veces termina dilatándose en reuniones formales donde no se avanza sobre el fondo del asunto. A pesar de que sus recomendaciones no tienen fuerza coactiva, su voz no puede ser desatendida fácilmente, pues la ley establece que los gobernadores y alcaldes deberán atenderlas de manera urgente.
La Defensoría del Pueblo es una institución concebida por la Constitución Política de 1991 como una especie de autoridad moral, encargada de sugerir a quienes tienen poder de ejecución que prevengan o corrijan acciones que afectan los derechos humanos de la población. Por esto, al momento de responder la pregunta sobre qué hacer con la violencia en la frontera no hay que empezar desde cero, pues ya existe una serie de recomendaciones realizadas por la defensoría que serán útiles para comenzar el difícil trabajo de dar respuesta a tantos problemas urgentes.
