Blanco legítimo

El 16 de septiembre se llevó a cabo en el departamento del Chocó la Operación Samuel, en la que murieron ocho personas producto de un bombardeo de la fuerza pública. En ese momento se dijo que era un ataque trascendental y se calificó como el golpe más grande al ELN en el gobierno del presidente Duque, pues días después falleció alias “Fabián” por causa de las heridas recibidas. Tres semanas después del bombardeo, se pudo conocer que cuatro de las personas que habían muerto eran niños que tenían entre 13 y 17 años. Cuando se le preguntó al presidente por estos niños muertos dijo que este tipo de hechos duelen, pero que a fin de cuentas son un blanco legítimo que se puede bombardear.

El pasado viernes 8 de octubre un niño y un joven fueron acusados de estar robando en un almacén comercial en Tibú, Norte de Santander. Tenían 12 y 18 años. Algunas personas se acercaron al lugar, les amarraron las manos y grabaron videos señalando la falta que habían cometido. En una grabación de video se escucha decir: “No queremos verlos tirados en alguna orilla de las carreteras. Bajo nuestras responsabilidades están, entonces los vamos a entregar a las autoridades”. Pero las autoridades no llegaron. En su lugar, dos hombres armados se acercaron al local comercial, y se llevaron al niño y al joven. Horas más tarde fueron encontrados muertos y con un letrero que decía “LADRONES” en mayúscula. Cuando se le preguntó al presidente por estos hechos, dijo: “Este tipo de situaciones duelen, y duelen cuando se trata de actos tan fratricidas”.

Hay buenos argumentos jurídicos para rechazar estos dos hechos donde murieron menores de edad por acción y por omisión estatal. Me explico. Por una parte, en Colombia se sanciona con penas superiores a los 20 años el reclutamiento ilícito de menores de edad, su utilización en acciones armadas y la obligación a participar en hostilidades. De allí se entiende que la víctima es quien fue obligada a ser parte de un ejército irregular antes de cumplir los 18 años. Y por esta razón, bastaría para que el Estado considere que allí no hay máquinas de guerra, sino niños víctimas de una organización criminal que necesitan la ayuda estatal para salir de estos grupos.

Por otra parte, el Derecho Internacional Humanitario ofrece una serie de tratados, principios y protocolos para entender que los menores son víctimas de las organizaciones criminales y que no pueden ser tratados como los delincuentes habituales que, en pleno uso de sus facultades, toman las armas para atacar a la población y al Estado. Y por esta razón, no pueden tratarse como “efectos colaterales” de una guerra que se libra contra los grupos armados, pues es necesario que la actuación de la fuerza no sea excesiva y se ajuste a los principios de proporcionalidad, precaución, necesidad y humanidad.

Sin embargo, más allá de la discusión jurídica, surge una pregunta que debe responderse ante situaciones como estas: ¿se justifica que el Estado ataque con bombas un campamento donde hay niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados de forma ilícita? Esta pregunta lleva a otra cuestión que permanentemente se debate en las facultades de derecho: ¿cuál es la diferencia entre el Estado y una banda de delincuentes? La respuesta a esta última pregunta suele variar, pero se dice que la diferencia consiste en que el Estado actúa con el fin de establecer un orden justo, mientras que la banda delincuencial intenta satisfacer sus fines particulares.

Los pueblos crean constituciones fundadas en valores y principios con el propósito de garantizar un orden justo, y estas resultan útiles cuando a un funcionario se le presentan problemas jurídicos y dilemas morales. De esta forma, los dirigentes de una sociedad encuentran allí elementos valiosos para tomar decisiones legítimas: la dignidad humana, la vida y la prevalencia de los derechos de los niños, entre otros, son guías para tomar decisiones justas. Por ello, las instituciones estatales deberían rechazar las muertes de niños en la Operación Samuel en Chocó con la misma contundencia que rechazaron los asesinatos en Tibú. Pierde legitimidad un Estado que celebra como una victoria el ataque donde fallecen cuatro adolescentes y al día siguiente condena el asesinato de dos niños a manos de grupos criminales.