ESTABAN ESPERANDO EL MOMENTO

Revisando los anteriores procesos de movilización que tuvieron lugar a finales del 2019 en Colombia y en varios países de Latinoamérica, podemos observar la profunda relación que mantienen con el actual fenómeno de movilización en el país.

En octubre del 2019 en chile se llevó a cabo un proceso de movilizaciones similar al que está sucediendo en el país, en este caso las movilizaciones no se iniciaron por un gran proyecto de reforma tributaria o por alguna otra medida de carácter similar, sino por el aumento en el pasaje del metro de Santiago, aumentó de 30 pesos chilenos, equivalente en pesos colombianos a unos 150. El proceso chileno inició con movilizaciones espontáneas, al igual que en Colombia se fueron tornando cada vez más violentas, llevando a la quema y vandalización de 118 de las 136 estaciones del metro de Santiago, y a procesos de confrontación entre la fuerza pública y los manifestantes. Frente a este proceso de graves alteraciones al orden público el gobierno de Sebastián Piñera (gobierno de centro derecha tecnocrática similar al de Duque) y los sectores políticos se sacaron de la manga el plebiscito constitucional, los promotores de las movilizaciones para poder capitalizar algún logro de todo el caos generado y Piñera para intentar dar salida a la crisis. Salida que al día de hoy no logra recuperar el orden público, y que instaló como medio legítimo para la consecución de demandas el uso de la violencia.

Continuamente en ecuador ese mismo año y mes también se realizaban movilizaciones sociales masivas en rechazo a las medidas económicas que pretendía adoptar el gobierno ecuatoriano, entre las cuales se incluía la eliminación de los subsidios al combustible y se preveía un aumento al presupuesto de educación y un aumento a las transferencias a las familias de menores ingresos,  movilizaciones que también como en el caso chileno degeneraron en profundos hechos de violencia que llevaron al gobierno ecuatoriano a tener que trasladar la sede de gobierno de Quito a Guayaquil, dando como resultado la derogación de los decretos que eliminaban los subsidios a la gasolina.

En Colombia, ese mismo año 2019 en noviembre, el país entró en un ciclo de movilizaciones de un carácter similar a las ecuatorianas y chilenas, pero estas fueron desarticuladas por el periodo de fin de año, cuando quisieron a inicios de 2020 volver a reactivar los procesos de movilización, esta vez fue la llegada del COVID-19 que se les interpuso. Las demandas del pliego de peticiones de ese año 2019 eran, el retiro de la reforma tributaria la cual estaba en curso en ese momento, el cumplimiento del acuerdo de paz, la no criminalización de la protesta, el desmonte del ESMAD, no a la reforma laboral y no a la reforma pensional, entre otros puntos.

Lo que estamos viviendo hoy es la reactivación de ese proceso iniciado en 2019, el cual estaba invernando, esperando el momento, que llego con el cándido proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno nacional, sólo basta para constatar esa linealidad entre las movilizaciones del 2019 y la presente coyuntura, contrastar el pliego de peticiones anterior con el actual pliego de peticiones. Pliego el cual parece más una agenda partidista, que una propuesta sensata para salir de una crisis económica, social y política.

El Gobierno Nacional retiró la reforma tributaria y no bastó, distinto del caso ecuatoriano que con la derogación de las medidas adoptadas se zanjó la crisis. Lo que parece acercarnos cada vez más al caso chileno, el cual a pesar del retiro del detonante de la crisis y del establecimiento de un paquete de medidas sociales continuó con las graves alteraciones al orden público, esto hasta que se encontró como chivo expiatorio a la constitución chilena.  En el caso nuestro no hemos encontrado ese chivo expiatorio, el gobierno en su debilidad tiene muy poco que ofrecer, es más probable que se comprometa a no hacer nada (no asperjar con glifosato, no presentar ninguna reforma laboral o pensional) que a hacer algo. Por el lado del comité del paro les va a resultar muy complejo capitalizar y justificar la profunda crisis que se generó con el paro, después de dos semanas de total anarquía, ciudades sitiadas, crisis de abastecimiento, quiebra de empresas, billonarias pérdidas económicas y cientos de heridos y decenas de muertos, es poco probable que se contenten con educación gratuita por un semestre o cualquier otro sucedáneo superfluo. Solo cabe esperar que se encuentre rápido ese chivo expiatorio que sacrificar para dar salida a la crisis, ojalá no sea la constitución del país, como fue en el caso chileno.