FORTUNAS CRIMINALES

En Colombia, el flagelo del narcotráfico ha ocasionado un daño incalculable: muertes violentas, trata de personas, tráfico de armas, venta y comercialización de sustancias alucinógenas, y la propagación de la drogadicción por las calles de nuestras ciudades. Todo esto genera una alteración del modelo político y social en el país, sin contar con los señalamientos que nos exponen ante el mundo como un país habitado por ciudadanos al servicio del crimen, lo que lleva a que seamos estigmatizados a la hora de pisar otros suelos diferentes al nuestro.

El narcotráfico se ha convertido en un negocio muy perseguido, tanto por el mundo criminal, donde los traficantes se disputan el poder por el control de sus rentas ilegales, como por las autoridades transnacionales que buscan la manera de llevar ante la justicia a quienes se dedican a esta clase de ilícitos.

A partir de los 90, cuando el país y el mundo presenciaban la desintegración de la antigua Unión Soviética tras la caída del Muro de Berlín en 1989, muchos grupos guerrilleros vieron oportuno el acogimiento a la justicia mediante procesos de negociación con el gobierno de la época. Quienes se quedaron en armas y no quisieron participar en la repartición de amnistías escogieron el vergonzoso camino del narcotráfico como una forma más de generar financiación para sus propios intereses.

El recrudecimiento de la violencia durante los años 90 hasta mediados del 2000 fue testigo de múltiples violaciones a los Derechos Humanos, masacres, homicidios selectivos y una política de exterminio ideológico en contra de quienes profesaban opiniones diferentes a los distintos bandos, sumando también a ello los gobiernos de la época.

Luego de lo pactado entre políticos, empresarios, ganaderos y paramilitares, surgió el acuerdo de paz de 2005, que a través de la Ley 975 permitió la desmovilización paramilitar tras los acuerdos de Ralito. Desfilaron en ello narcotraficantes disfrazados de paramilitares y así evitar comparecer ante la justicia ordinaria, en especial la temible extradición. Lo mismo ocurrió con varios narcotraficantes que aprovecharon el proceso de paz de 2016 con las extintas FARC y lograron colarse. Algunos han servido de testaferros de exjefes guerrilleros que, luego de la firma de los acuerdos, las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación han permitido el decomiso de bienes que pasaron a la extinción de dominio y que relacionan a miembros de la otrora guerrilla con esa clase de bienes.

Las nuevas estructuras de paramilitares y guerrilleros no son movidas por ninguna clase de interés ideológico ni político. Todos ellos persiguen un fin en común: el acaparamiento de las riquezas que producen las distintas economías criminales que desarrollan como actividad ilícita en las regiones.

Por eso es de no extrañar, que la existencia de una nueva clase de ricos resultara de la presente generación de la ilegalidad y continuara con un legado criminal a lo largo de la historia, si no se diseña un conjunto de política criminal, que goce del acompañamiento de la academia y nos permita un modelo de sociedad fundamentada en los valores.

La incautación de bienes pertenecientes a los exjefes paramilitares y guerrilleros no es una noticia que despierte el interés de nuestra sociedad, debido la cotidianidad del asunto, es casi que predecible, que con la innovación del conflicto, donde los grupos con reconocimiento criminal, ofrecen franquicia, como ocurre en el caso de la segunda Marquetalia y los comandos de fronteras, lo que conlleva a la sumas de estructuras de la delincuencia común a nombre de los ya reconocido, incrementando su accionar y generando fortuna criminal.