En un país tan necesitado de justicia como el nuestro, genera un poco de esperanza la noticia emanada desde la Corte Constitucional que le ordena al Consejo Superior de la Judicatura iniciar un plan para descongestionar la Jurisdicción Penal y para lo cual tendrá tres meses para realizar un censo en todas las salas penales del país con el fin de conocer las cifras de los procesos represados; deberá crearse un sistema de alertas de la jurisdicción penal para identificar los despachos judiciales congestionados, los procesos con términos judiciales vencidos y los que estén próximos a vencer; por último, en los siguientes seis meses debe presentar al Gobierno nacional un plan de descongestión de la jurisdicción penal, en el cual deberá disponer tanto lo necesario para adelantar dicho plan, como los recursos suficientes para su puesta en marcha.
Urgen estas medidas en los despachos judiciales en donde se resuelven los asuntos más importantes en derecho respecto de la condición humana; los procesos de carácter penal, donde está en juego la libertad de quienes son acusados de haber cometido una conducta delictiva, en los que se debate la inocencia o culpabilidad de un ser humano, así como donde reposa el dolor de muchas víctimas que reclaman esa tan anhelada justicia; este es el escenario en el que se define el futuro de vidas humanas, de familias enteras alrededor del sindicado; de proyectos de vida que se truncan por una mala decisión, por un azar del destino, por una investigación defectuosa o por una simple denuncia sin fundamento que después de muchos años se cae ante la verdad.
Es inaceptable que gente imputada por algún delito que no cometió, tenga que declararse culpable sin serlo, solo porque si acepta la responsabilidad y firma un preacuerdo, saldrá más pronto de la cárcel, que si se enfrentase a un juicio con todas las garantías para el ejercicio de su defensa, en el que vamos a hablar de tres, cuatro o más años mientras se pronuncia una sentencia.
Tampoco puede concebirse como justicia que la familia de una víctima tenga que ver cómo se aplaza un juicio durante años, mientras el delincuente permanece en la comodidad de su hogar redimiendo tiempo de pena, porque un funcionario consideró que no representaba un peligro para la sociedad, a pesar de la contundencia de las pruebas en su contra.
Estos son solo dos casos de cómo la congestión de los despachos judiciales y el atraso del sistema generan todo tipo de injusticias que van en contra de lo expresado en nuestra Constitución Nacional con nobles intenciones, pero que a la postre, han quedado en un sueño imposible de cumplir.
Este es un problema estructural, de inversión, de falta de compromiso en políticas criminales desde el Gobierno nacional; es imprescindible que la Rama Judicial cuente con una adecuada infraestructura, pero sobre todo, con los recursos humanos suficientes para impartir justicia a todos nuestros conciudadanos, pues los funcionarios judiciales deben hacer enormes sacrificios para atender la gran cantidad de diligencias que se presentan diariamente, siendo también injusto el trato para con ellos y sus núcleos familiares, que terminan soportando las consecuencias de las altas cargas laborales y de los problemas que de allí se derivan.
Esta es la primera parte de un tema fundamental por resolver en nuestra sociedad, el de la justicia o la ausencia de la misma, en todos los niveles e instituciones que conforman el Estado Social de Derecho.
Expreso mis sinceras felicitaciones a El Santanderista y a su equipo de trabajo por llegar durante este primer año a las familias cucuteñas, a informar y compartir con el mundo lo que representa Norte de Santander como parte fundamental de nuestra patria. Que sean muchos años más de expresión, de formación y de noticias positivas para esta amada región.
