LA CLÁUSULA PETRO: O DE LA LEGALIZACIÓN DE LA CORRUPCIÓN ELECTORAL

Hace un par de días escuchábamos en la W Radio que el doctor Ramiro Bejarano había hecho una denuncia pública en su habitual columna de una particularmente extraña o peligrosa cláusula en una serie de contratos que se están realizando en nuestro país.

Esta cláusula señalaba que:

“Décima: Condición Resolutoria. – Manifiestan las partes contratantes que el presente contrato queda sujeto a la condición de que el doctor Gustavo Petro no sea elegido presidente para el período 2022-2026. En el evento de ser elegido, el presente contrato quedará resuelto de ipso-facto, quedando las partes liberadas de las obligaciones aquí contraídas, volviendo a su estado precontractual”.

En palabras del doctor Bejarano: “En efecto, en algunos sectores económicos y empresariales, de los que andan temblando ante la eventualidad de que Petro llegue a la Presidencia, se ha puesto en marcha la estrategia sucia”.

Dejando de lado las consideraciones legales (de las cuales ya se hablará largo y tendido en otra ocasión cuando las aguas se calmen y permitan el buen estudio de este hecho), creo prudente señalar las implicaciones sociales, políticas y hasta morales de esta particular cláusula que termina por atentar contra la república en la que vivimos.

Señala esta disposición contractual que en caso de que determinado candidato (en este caso Petro, pero puede ser cualquier otro) llegue a ser elegido democráticamente, todo lo que se habla en el contrato queda sin efectos.

Hagamos pues un ejercicio mental: Margarita es una secretaria que se encuentra desempleada desde hace un tiempo por culpa de la pandemia y un día una persona le ofrece un puesto de trabajo que empieza de manera inmediata. Ella, necesitada, acepta gustosa de la propuesta, pero el empleador público o privado le explica que hay una única condición, que un candidato determinado no llegue a ocupar un cargo público en el futuro cercano o perderá el trabajo. Obviamente Margarita se preocupa tanto ante la posibilidad de perder el trabajo, que le dice a sus familiares y amigos que no voten por ese candidato sino por cualquier otro, para así ella poder salir adelante y alimentar a sus hijos.

Imaginemos que la situación se presenta muchas veces, tanto en el ámbito privado como público, y no solo con un trabajo actual sino también con contratos que empezarían después de las elecciones.

Sé que a muchos nos sonará conocida esta situación, pues es básicamente la misma que usan muchos politiqueros para ganar votos, prometiendo puestos de trabajo a quienes voten por ellos o prometiendo dineros y beneficios si quedan electos.

Las implicaciones son básicamente las mismas, ligar una actividad profesional o económica a una situación exclusivamente política, llamémosla hasta democrática. ¿Qué consecuencias genera? Que se desmotive a la gente a ejercer libremente su derecho político por amenazas económicas que nada tienen que ver con la política más allá de los intereses de la parte contratante.

Al final, ¿qué significa esa cláusula?

Significa una manera legal (de momento) para la compra de votos y el constreñimiento a la democracia y a la voluntad popular. Piense que hoy ya se realiza esa táctica en nuestro amado Norte de Santander, pero esta se lleva a cabo de manera clandestina y a voz susurrada, aunque mañana puede que se realice públicamente y a plena luz, por parte de los mismos corruptos que ostentan el poder y nos mantienen en la miseria y el desconocimiento.

Sin más qué decir, dejo esta inquietud en el aire, con la esperanza de que no pase de un temor personal infundado y no se convierta nunca en una terrible realidad predicha.

“Por la restauración moral y democrática de la vieja República, pueblo: ¡a la carga!” ― Jorge Eliécer Gaitán.

Nota: No soy partidario de Petro, pero considero que todos tienen derecho a la participación democrática en esta vieja república, por lo tanto, esta columna es simplemente un análisis de las consecuencias de esta cláusula, no una defensa de Petro en ningún sentido.