Desde que tengo memoria, lo “normal” en la frontera era ir a “tanquear” a Venezuela, incluso era un buen plan familiar ir a las estaciones de servicio internacional, en las cuales el precio era muy económico y la gasolina de buena calidad; en el vecino país, incluso, llegó a ser más costoso un litro de agua que un litro de combustible.
En aquella época, que hoy parecen tiempos de antaño, surgieron los denominados “pimpineros”, una economía ilegal e informal que traía el combustible venezolano a todos los municipios de frontera de manera cómoda y rápida, facilitándoles el acceso a las personas a la gasolina a un precio muy por debajo del combustible subsidiado por Colombia.
Como resultado de esta economía ilegal, ciudades como Maicao, Cúcuta y Arauca, entre otros municipios de frontera, vieron cómo se desincentivaba a las estaciones de comercialización y distribución de combustible, pese a múltiples esfuerzos de reconversión y formalización de estas organizaciones dedicadas al contrabando. Lo único que logró minimizarlo fue el declive de la producción y refinamiento de petróleo en Venezuela.
Hoy podemos ver lo opuesto en la ciudad de Cúcuta. Por ejemplo, pasamos de aproximadamente 8 estaciones de servicio, a tener 35 estaciones aproximadamente en toda el área metropolitana; generando no solo empleo formal sino contribuyendo con el pago de impuestos en el territorio.
Por otro lado, Venezuela transita su séptimo año consecutivo de recesión, vive el peor desplome en la producción de crudo en siete décadas, y sus refinerías cuentan con una capacidad para producir 1,3 millones de barriles de combustible por día, que actualmente están en el piso. Algo que expertos y sindicalistas achacan a la corrupción y a la mala gestión del gobierno de Maduro. Esto puede parecer insólito cuando el mundo está ‘nadando’ en gasolina debido a un “superávit” por la caída de la demanda durante la pandemia, según el economista José Manuel Puente.
En sus múltiples intentos por querer esconder la realidad, el gobierno de Nicolás Maduro importó entre mayo y junio cinco buques con 1,5 millones de barriles de gasolina iraní, que fueron como un oasis para los venezolanos, tan solo un espejismo que hoy ya se agotó.
Por esta razón, la gasolina colombiana es una salvación para la subsistencia del venezolano, si no, la situación sería aún peor. Ante la escasez de elementos básicos como medicamentos y alimentos, la gasolina pasó a ser un producto más de las necesidades insatisfechas, y el contrabando se ha institucionalizado ante los ojos de las autoridades.
Existen denuncias de contrabando de combustible desde junio de 2019, cuyas cifras en ese momento eran de 3 a 4 millones de galones que transitaban de Colombia hacia Venezuela por las diferentes trochas y rutas que en el pasado se recorrían en sentido contrario.
Según narran los venezolanos, para esto se requiere de sobornos tanto de los guardias venezolanos como de las autoridades de nuestro país, lo cual se complica más con la porosa geografía que caracteriza los más de dos mil kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela; sumado a ello, esta economía ilegal está enriqueciendo a mafias y grupos al margen de la ley que ven en esta actividad una oportunidad para fortalecerse.
Es claro que cualquier acuerdo para legalizar este intercambio de combustible y de otros productos entre ambos países, mientras se mantenga el gobierno de Nicolás Maduro, es casi imposible, pero en este punto se debe ir generando un ejercicio diplomático que permita combatir esta ilegalidad que termina dañando el tejido social de todos y enriqueciendo a unos pocos.
Esta problemática nos plantea posibles soluciones que pasan incluso por nuestra cultura como población de frontera, mitigar el contrabando exige de un gran compromiso de toda la institucionalidad, contando con el apoyo del Gobierno Nacional; así mismo, a largo plazo, esto podría desencadenar en eliminar el subsidio aplicado a la gasolina en las ciudades de frontera, ya que dicho subsidio está siendo aprovechado para aumentar la utilidad de los contrabandistas, además de que estos recursos que se podrían invertir en mejoramiento de la malla vial, educación o infraestructura, actualmente no son percibidos por el municipio ni el departamento, y menos por la nación. Esta medida, bastante impopular, se orienta en el marco de ir pensando estrategias que conlleven a la legalidad y generen una transformación real.
“Cada vez que observamos una injusticia y no actuamos,
estamos entrenando nuestro carácter para ser pasivos y
eventualmente perdemos la habilidad para defendernos
a nosotros mismos y a aquellos que amamos”.
Julian Assange
