La recientemente aprobada Ley de la República que baja la jornada laboral en Colombia de 48 a 42 horas semanales a partir del año 2023, a razón de 1 hora por año hasta llegar a las 42 aprobadas, nos demuestra que en nuestro país, lo que denominamos “el establecimiento” y los políticos en general, están tan desgastados, que el populismo no diferencia entre izquierda y derecha y se torna en una tendencia que los políticos colombianos abrazan con la esperanza de recuperar en algo su imagen para las elecciones venideras probablemente con muy poca efectividad pero sí a un alto costo para la maltrecha economía colombiana.
Los defensores de la ley, entre los que se encuentra el ex presidente Álvaro Uribe (quien fue su promotor inicial), más las decenas de congresistas que la aprobaron, lo hicieron argumentando que buscaban “fomentar la productividad, aumentar la contratación y reducir la informalidad laboral en Colombia” (en el último debate fue aprobada por 117 votos a favor y 8 en contra en la Cámara de Representantes). Sin embargo, lo cierto es que el momento para aprobar una ley de estas no pudo ser más inoportuno, por cuenta de la crisis económica derivada de la pandemia, sumada al golpe a la reactivación que significó el paro del mes pasado.
No sirvieron de nada las palabras y estudios de empresarios y comerciantes que a través de los diferentes gremios que los representan manifestaron exactamente todo lo contrario a lo que dicen los políticos, es decir, que la ley va en contravía de la productividad, encarecerá los costos de producción de los bienes y servicios del país y no logrará reducir la informalidad en Colombia, asestándole un duro golpe a las micro, pequeñas y medianas empresas que bastante mal lo han pasado durante esta pandemia.
Al ver este tipo de iniciativas no se puede augurar nada bueno para el entorno empresarial del país. A pesar de que las proyecciones macroeconómicas pronostican un ciclo de alza en el precio de los commodities para los próximos años, que convendría bastante a nuestra economía por cuenta de los ingresos extras producto de estas alzas, sumados a un dólar alto, nos estamos encargando de hacer todo lo posible internamente para marchitar esto. Por cuenta de una presión social generalizada, exacerbada por los disturbios y el absurdo vandalismo que ha caracterizado las protestas, nuestros políticos están corriendo a aprobar leyes y reformas que solo castigan aún más la iniciativa privada y golpean con fuerza a las mypimes del país, que son el corazón de la economía colombiana.
Seguimos creyendo que cosas tan complejas como lograr elevar la productividad de un país se puede decretar mediante una ley como estas, mientras que como expresó hace poco el ex ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, tenemos en caja engavetados casi 30 billones de pesos de regalías que no se han podido gastar por no contar con proyectos estructurados y oportuno que permitan, estos sí, mejorar las condiciones de infraestructura del país. La productividad se mejora generando condiciones favorables para el empresario que le permitan producir más bienes y servicios a un menor costo, esto es, mejorando vías e infraestructura de servicios, conectividad, reduciendo trámites, e incentivando cadenas productivas entre muchas otras medidas posibles.
Si iniciativas como esta vienen de lo que se denomina la derecha en el país, creo que ya hasta eso está trastocado. Pareciera más que, antes que izquierdas o derechas, lo que hubiera es un populismo político exacerbado por cuenta de la incapacidad de nuestros gobernantes para lograr políticas públicas exitosas y que sumado a otros factores, tienen a nuestra sociedad completamente polarizada. Es verdaderamente peligroso llegar a la contienda electoral del año entrante en esta situación, buscando un mesías como tantos otros países latinoamericanos que fracasaron cuando creyeron encontrarlo. Nos cuesta mucho entender el valor de las instituciones y nuestro deber ciudadano de cuidarlas y protegerlas.
