Sobre la protesta

Protestar es un derecho. Punto. Contra esa premisa no cabe ninguna discusión. Las miles de personas que desde el 28 de abril se han tomados las calles para protestar, en un principio contra la Reforma Tributaria y, una vez caída esta, contra una serie de medidas que consideran son las responsables de la inequidad que vivimos en el país, tienen todo el derecho de hacerlo y el Estado, quiéralo o no, debe garantizarles su seguridad.

En toda Colombia, lo vemos a diario en los noticieros y a través de las redes sociales, un descontento generalizado se ha apoderado de la mayoría y le ha impulsado a expresarse en las calles con cánticos, pancartas o una cacerola, contra lo que consideran es el origen de todos los males: un gobierno que, incapaz de satisfacer las demandas de los protestantes, se ha encerrado en sí mismo y ha evitado, a punta de fuerza policial, entablar un diálogo honesto con quienes tienen reclamaciones válidas, algunas arrastradas por décadas en un país que siempre ha sido experto en acallar al que no está en consonancia con el estamento.

Que los jóvenes, los maestros, los conductores, los médicos, enfermeras y, en general, todo aquel que siente que el país no va bien, salga a las calles a manifestar su descontento, es algo que desde esta tribuna apoyamos. Sin embargo, en toda protesta deben existir unos mínimos sobre los cuales sí hay que discutir porque entran a poner en riesgo derechos fundamentales de muchísimas personas que, incluso, pueden apoyar el paro, pero no sus formas.

En medio de la pandemia que actualmente vivimos y del tercer pico de la misma a la vuelta de la esquina, es importante que los manifestantes entiendas que las vacunas, el oxígeno y los traslados de pacientes, no pueden impedirse en las vías que permanecen bloqueadas. Los desmanes, los actos vandálicos y los ataques contra la propiedad privada tampoco puede fomentarse. Hay sectores que, a pesar del paro, tienen que seguir produciendo y no pueden parar. Hoy, muchos de ellos se están viendo gravemente afectados, incrementado sus pérdidas y golpeando aún más sus finanzas, las mismas que llevan un año con saldo en rojo por culpa de la COVID-19 que apareció para arrasarlo todo.

Fenavi ha advertido de las pérdidas que podrían generarse entre sus asociados si no se puede distribuir la producción de huevos o transportar los pollos de un lugar a otros. Los lecheros también han tenido que regalar y botar miles de litros de leche ante la imposibilidad de llevar este producto desde sus fincas hasta los puntos de distribución. Y así, todos los campesinos que dependen de una cosecha para sobrevivir. Con las vías bloqueadas, el desabastecimiento de las ciudades parece inevitable y, lo poco que logre llegar hasta las plazas de mercado, lo hará a unos precios imposibles de costear por aquellos que dicen ser representados por los manifestantes.

En todo paro tienen que haber unos mínimos inviolables y eso, lastimosamente, no se está respetando en algunos puntos del país. En Cúcuta, por fortuna, los manifestantes han dado ejemplo nacional con movilizaciones pacíficas y sin enfrentamientos con la fuerza pública. Ojalá que esto siga así. Ojalá que los que cada día deciden salir a protestar, lo hagan convencidos de que su derecho a la protesta no puede estar por encima de otros derechos de los que también habitan esta ciudad. Ojalá, y esto es quizás lo más importante, los que protestan logren de una vez por todas que el Gobierno se siente a negociar con ellos los puntos que puedan encausar a este país por la senda en la que todos tengamos las mismas oportunidades de lograr lo que, hasta el momento, solo unos pocos han logrado.