Una de las prácticas más macabras y lamentables, que muestra la decadencia de la cultura política y de la dinámica violenta del país a lo largo de su historia republicana, son las masacres, las cuales siempre responden a una lógica política de los actores que las cometen y golpean en diferentes niveles a la sociedad y al sistema político.
Esta disertación hay que empezarla aclarando algo de contexto, las masacres siempre han estado presentes en la historia del país, ejecutadas por diferentes actores. Desde el mismo momento de su proceso de independencia, se pueden empezar a contar algunos actos permeados con una lógica violenta de la política, no mediada por el derecho, sino por el mensaje crudo que envía el hecho violento.
Se puede comenzar contando desde los fusilamientos de los próceres como Camilo Torres o Francisco José de Caldas, incluso antes con la destrucción del movimiento de los comuneros. En la guerra de independencia se tiene a la llamada “navidad negra” de 1822, cuando las tropas independentistas cometieron una serie de actos de violencia con el fin de doblegar la voluntad realista de la ciudad de Pasto. De este estilo de actos y realizados por actores cada vez más oscuros e ilegales se han llenado los 200 años de historia. De tal manera, llegamos a la execrable situación de Samaniego – Nariño, una nueva masacre, con modos de actuar similares a muchas otras, con reacciones repetidas en la opinión pública, las autoridades y los medios, y con libretos cuyos parlamentos iterados ya conocemos todos. Lamentablemente me aventuro a decir que no será la última. Esta afirmación se sustenta en la idea de que estos actos de profunda violencia y sevicia, de impacto ante la opinión pública y que producen rechazos, no siempre generalizados, traen consigo un mensaje político.
El diálogo político no siempre ha estado acompañado por la idea de la mediación institucional de un Congreso, o cuerpo colegiado cualquiera que este sea; ni mucho menos por leyes que reglamentan el funcionamiento social y la forma de hacer la política. Hay una vieja forma de hacer política que, aunque antigua, no pierde vigencia y dependiendo de las posturas académicas, o ideológicas y personales, es eventualmente justificada, me refiero a la violencia. No me refiero exclusivamente a la guerra, la cual es una forma de violencia, sino a la violencia sistemática, alejada del campo de batalla y que busca generar terror, pero con el terror directo en el cual aparece el mensaje político. Casi siempre los actores involucrados son grupos organizados que tienen pretensiones de algún tipo, pero que va atada a una causa, no necesariamente se debe pensar en el altruismo de una causa que se ve truncada si no elimina a sus enemigos. Se debe pensar más bien en una causa propia, marcada por intereses egoístas, que puede revestirse con la filigrana de los discursos políticos emancipadores o de defensa frente a enemigos supremamente poderosos o invisibles, que únicamente se pueden conocer por algún tipo de entendimiento esotérico que solo los violentos conocen y por eso actúan.
Estos actores violentos, sobretodo los que adolece el país en su historia más reciente, traen con sus acciones la destrucción de las instituciones políticas del Estado a partir del desafío del control político. Las mafias que actúan a lo largo y ancho del territorio, si bien parten de la búsqueda del control de un negocio y del aumento del rédito del mismo, se involucran en la política cuando para querer controlar dicho territorio acometen estas masacres, lo que automáticamente envía un mensaje a los sistemas político y social: hay un actor que controla o quiere controlar este territorio, este negocio o a estas personas e incluso eliminar a todo un grupo si no “aprenden la lección”. Esa búsqueda de control que puede empezar desde un interés económico termina obligando al violento a asumir una identidad política y a ejercer acciones no institucionalizadas de poder, las cuales con el tiempo se convierten en instituciones, quizás no formales en términos políticos, pero sí políticas en términos informales.
Es así como la masacre envía varios mensajes, por un lado a los cercanos de las víctimas, un tipo de advertencia para el sometimiento o la deposición de las armas o las actividades en alguna lucha. Por otro lado, al Estado, al cual se le envía un mensaje indirecto en el cual se señala que sustentan el poder en una zona o un territorio así sea de manera violenta por encima o debajo del imperio de la ley al que aspiran las democracias y los Estados de derecho. Esta ruptura con la ley y la imposición de un poder ocasiona rupturas en los pilares de la legitimidad del Estado y deja en entredicho la gobernabilidad. Hay actores en abierta oposición a los Estados y en el caso colombiano, existen grupos que se oponen a las instituciones del Estado y en ese sentido, todo acto de este estilo se convierte en un desafío a su gobernabilidad, aunque muchas veces funcionan como un bumerán que pone en mira a la vez las intenciones de la estructura violenta, especialmente si son del tipo “atentado terrorista”, concepto complejo pero que sirve para separar un poco la idea de la masacre selectiva o indiscriminada, que finalmente tiene el mismo efecto, solo cambia la táctica. Por otro lado, hay actores violentos que al menos en su discurso dicen defender a las instituciones del Estado, pero en Colombia dichas estructuras son ilegales y se consideran delictivas, de tal manera que toda acción de su parte también cuestiona la legitimidad del Estado y su capacidad para controlar el territorio y generar un estadio de seguridad, estabilidad y desarrollo.
Es decir, aunado al impacto de la masacre, el acto político que subyace, intencional o casual, golpea la democracia, la ley y las instituciones y las compele a reaccionar de diferentes maneras, sobretodo porque deben responder a las demandas sociales que surgen frente a estos sucesos, desde las exigencias más moderadas hasta las más radicales. El hecho es que el único que queda en entredicho cuando ocurre una masacre, es el gobierno y algunas instituciones del Estado. El uso de este recurso rompe sistemática y abruptamente con el Estado de derecho. En ese sentido siempre hay dos víctimas, las víctimas propias del acto y las instituciones políticas de un Estado de derecho.
