Soluciones

Las lluvias de las últimas semanas han sacado a relucir un problema de hace muchos años que se ha venido acrecentando con el desarrollo urbanístico del área metropolitana: las inundaciones y arroyos producto de las aguas lluvias que no son evacuadas de forma eficiente en muchas de las zonas de la ciudad. Cada vez que llega una temporada de lluvias, especialmente las de los años que vienen con fenómeno de La Niña incluido y que cada año serán mas comunes producto del cambio climático, nuestra ciudad y especialmente su población más vulnerable sufre en sus diferentes barrios, debido a que no existe la infraestructura pluvial adecuada para conducir estas aguas lluvias.

No sé qué nos pasó, y por qué antes hacíamos las cosas de mejor manera. Nuestra ciudad construyó el canal Bogotá en los años 60, dando solución al problema de aguas lluvias de la ciudad en esa época, y lo hizo porque se desarrolló un plan maestro de alcantarillado y aguas lluvias de forma técnica, que aconsejó construirlo como solución a este problema en el valle de Cúcuta y en los barrios que apenas se formaban a su paso. Se trató pues de una obra de ingeniería y un esfuerzo monumental de varios años, que no se ha vuelto a ver. En la actualidad, así como no existe un plan maestro de transporte metropolitano, tampoco existe un plan maestro de aguas lluvias y el plan maestro de alcantarillado fue hecho por la empresa concesionaria y es probable que no esté en el radar de la Secretaría de Infraestructura del municipio y de la EIS. Los Planes de Ordenamiento Territorial de la última década se han dedicado a ampliar el perímetro urbano de la ciudad o a cambiar la normativa de las zonas, sin profundizar en propuestas técnicas que permitan intervenir el territorio de forma adecuada. No se volvió a proponer ni siquiera una vía nueva que proyecte el desarrollo de una zona, y mucho menos una obra de magnitud que solucione este tipo de problemas.

Además de la falta de criterio técnico en la construcción de la hoja de ruta de la planificación del municipio, hemos permitido una urbanización informal acelerada de las invasiones. Estas construcciones informales que no respetan naturaleza presente ni planificación alguna, se han destacado especialmente por obstruir cauces naturales de canales de aguas lluvias y generar caños de aguas negras al aire libre. Lo anterior, sumado a un proceso de urbanización acelerado con construcciones formales pero con una supervisión mínima por parte del municipio que en los planes parciales que aprueba, no estructura un plan de cargas y beneficios que contemple obras de canales de aguas lluvias entre otras, hace que el agua termine inundando calles, desbordando canales de aguas lluvias improvisados e insuficientes y ocasionando el caos que vemos año tras año en las temporadas de lluvias en casi todos los sectores de la ciudad.

Ante este panorama que pareciera no tener solución, sí hay una herramienta muy valiosa y que el municipio no ha sabido ejecutar. El cobro por plusvalía que se empezó a hacer hace unos tres años a los propietarios de terrenos en la ciudad. La ley 388 de 1997 establece que la participación en plusvalía que se causa sobre los predios luego de cumplir ciertas condiciones, podrá liquidarse y pagarse por parte de los propietarios con “la ejecución de obras de infraestructura vial, de servicios públicos, domiciliarios, áreas de recreación y equipamientos sociales, para la adecuación de asentamientos urbanos en áreas de desarrollo incompleto o inadecuado, cuya inversión sea equivalente al monto de la plusvalía, previo acuerdo con la administración municipal o distrital acerca de los términos de ejecución y equivalencia de las obras proyectadas.”

El municipio en su voracidad por recursos para ejecutar, ha emprendido una posición poco conciliadora en la forma de pago de la plusvalía que ha cobrado luego de impactar los predios. Se ha preocupado por cobrar en dinero para posteriormente mediante contratos de obra pública ejecutar algunas obras. Todos sabemos que de esta forma el dinero rinde mucho menos, empezando porque alrededor de un 18 por ciento de los costos de una obra pública se va en retenciones y estampillas de ley, por no hablar de otras cosas ‘’non sanctas’.

Sería diferente si el enfoque que se le diera al cobro, fuera que el privado que debe pagar lo hiciera con obras de infraestructura necesarias en zonas vulnerables ante problemas como por ejemplo lo que tiene que ver con inundaciones. De esta forma los privados podrían construir de forma más rápida, económica y eficiente, proyectos de canales de aguas lluvias que ayuden a evacuar las aguas de las tormentas que tantas emergencias han ocasionado y seguirán ocasionando año tras año (solo por dar un ejemplo, ya que el destino se puede extender a vías, parques y otros equipamientos)

Por último, la ley también permite no castigar la construcción de vivienda de interés social y prioritaria con plusvalía, solo hace falta reglamentarlo mediante un acuerdo municipal. De esta forma, los terrenos en los que se desarrollan este tipo de viviendas no estarían sometidos a este sobrecosto. Si bien el municipio podría ver afectadas sus finanzas, vale la pena buscar una fórmula intermedia donde por ejemplo las viviendas de interés social sí paguen plusvalía, pero se exoneren las viviendas de interés prioritario. Finalmente, al municipio le conviene que se desarrolle más vivienda formal para cobrar más predial. Se vuelve un círculo virtuoso.