Una decisión importante

El reciente enfrentamiento entre el Alcalde de Medellín Daniel Quintero, y el empresariado antioqueño luego de que decidiera junto con el gerente de EPM de forma unilateral y sin consultar a la junta directiva de la empresa, demandar a los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto Hidroituango, tocando profundos intereses de los principales cacaos paisas, me puso a pensar sobre lo lejos que estamos como región de temas verdaderamente importantes, como lo concerniente al manejo de los servicios públicos de nuestra área metropolitana y los proyectos + recursos derivados de estos.

Mientras en Cúcuta se nos va la vida entre debates estériles, la empresa de servicios públicos de Medellín EPM produjo en el periodo 2019 la suma de 2,4 billones de pesos en utilidades, de los cuales repartió al municipio de Medellín más de 1,3 billones, por ser este su único accionista. En los últimos 5 años devolvió a Medellín más de 4 billones de pesos para ser invertidos por el municipio en los diferentes programas sociales y de infraestructura urbana que los cucuteños vemos con envidia sana cada vez que por alguna razón visitamos suelo paisa.

Las empresas de servicios públicos del área metropolitana (aseo, agua, alumbrado), con decisiones muy cuestionadas de varios alcaldes en los últimos 25 años, fueron concesionadas a empresas privadas (el aseo solo en lo correspondiente al relleno sanitario, ya que la recolección funciona en libre competencia). Asimismo, la empresa de energía del departamento, en la cual la mayoría accionaria estaba en cabeza de la nación, fue vendida precisamente a EPM, que ha seguido creciendo a pasos agigantados por todo el país, beneficiando a los afortunados ciudadanos del Valle de Aburrá con sus utilidades.

El lado positivo de estas concesiones es que, salvo algunas excepciones, sí se nota un mejoramiento en los indicadores de prestación de los servicios públicos, respecto a como funcionaban anteriormente. Debemos ver el vaso medio lleno y concluir que en nuestra ciudad no sufrimos por ejemplo los problemas que sufre la costa caribe en materia de energía, Santa Marta en lo que tiene que ver con el acueducto, o Bucaramanga con el problema de su relleno sanitario (salvo en zonas de invasión que por su problema legal, no permiten a las empresas ni al municipio hacer inversiones). En el otro costado de la balanza, también tenemos que aceptar que al entregar en concesión los diferentes servicios públicos, el municipio es un simple espectador, que recauda algunas rentas (bajas en la mayoría de los casos) producto de la explotación de sus activos por parte de sus concesionarios, pero lo hace sin mayor control sobre ellos y no participa en las utilidades de estos negocios, como si ocurre en Medellín, recursos que alimentan las poderosas arcas municipales.

La energía es un caso aparte, porque es un libre mercado entre varios comercializadores en el cual CENS-EPM, por tradición y propiedad de los principales activos del servicio, tiene una ventaja competitiva difícil de perder, a pesar de las continuas quejas a veces justificadas de los usuarios, producto de algunos excesos en sus cobros. Con el alumbrado público, cuya concesión se entregó el período pasado (2016-2019) por 30 años, no se puede hacer mucho salvo un control eficiente a lo contratado, o tomar la determinación de echar para atrás la concesión con las correspondientes demandas millonarias que recaerían en las menguadas arcas municipales. Con los servicios de acueducto, alcantarillado y el relleno sanitario, sí se avecina una situación interesante para el próximo quinquenio.

El año entrante es un año crucial, ya que se vence el primer plazo del famoso contrato 030 de 2006, contrato de concesión de la EIS Cúcuta con el concesionario. Dicho contrato permite una prórroga por cinco años más en caso de haber cumplido con ciertos hitos y requerimientos contractuales. Sobre este tema existe una discusión larga, y corresponderá a la actual administración de la EIS determinar si se prorrogará o no dicho contrato. Por el lado del relleno sanitario, el contrato 0618 de 2000, otorgado a Aseo Urbano (hoy Veolia), vence en el año 2025.

Esta situación de vencimiento de dos de las concesiones más importantes de servicios públicos en la ciudad en los próximos cinco años, hacen que esta administración municipal y el Concejo de Cúcuta, inicien un proceso de discusiones, sobre qué tan beneficiosas han sido, y analicen alternativas interesantes de forma técnica. Una alternativa interesante, sería aprovechar esta coyuntura para fortalecer a la EIS Cúcuta, y de esta forma dar los primeros pasos en la conformación de una empresa de servicios públicos más robusta, pública o de carácter mixto (con inversión privada no mayoritaria),  que permita a la ciudad no solo mejorar los indicadores de servicio, sino participar de un negocio muy rentable que hoy en día está en manos de privados. El reto, sin duda, en caso de optar por este camino, sería la conformación de un gobierno corporativo y una estructura organizacional, que evite las manos rapaces de algunos políticos que, ante cualquier cambio de administración, quieran apoderarse de los recursos y las nóminas de esta empresa como pasó en la ciudad de Cali hace algunos años. Queda la propuesta sobre el tapete, para que ciudadanos, concejales, gremios y demás actores, iniciemos un debate técnico en los próximos meses y no esperemos a que nos llegue la hora cero como normalmente ocurre.