Hacinamiento en las estaciones de policía de Cúcuta

Esta semana se divulgó un video que muestra una fuerte pelea de personas detenidas en una estación de policía de Cúcuta. La escena es salvaje y probablemente fue grabada por uno de los policías que estaban en el lugar. Allí se observan varias situaciones: una uniformada que hace una llamada y parece comunicar lo que está viendo; tres uniformados con chalecos de protección antibalas que simplemente observan; un uniformado que usa su pistola eléctrica intentando controlar a una de las personas exaltadas, mientras otro policía le grita que “descargue todo” el cartucho de electricidad. Los intentos de calmar el tropel son inútiles y otro policía menciona al ESMAD y al GOES, dando a entender que quizá estos podrían ayudarlos. El video termina, pero la pelea sigue.

Esta condición no es exclusiva de Cúcuta, pues responde a problemas estructurales de la política criminal colombiana y que por tema de espacio no trataré en esta ocasión. Sin embargo, en los últimos meses el hacinamiento en las estaciones de policía de la ciudad ha demostrado que la situación está fuera de control y sin soluciones a la vista. Daré cuatro ejemplos.

Primero, en 2017 había 115 detenidos en las estaciones de policía; hoy esa cifra llega 797 personas. Segundo, las escasas condiciones de seguridad de las estaciones han sido aprovechadas por estas personas para fugarse. Este año, por ejemplo, se han presentado dos fugas masivas en el CAI Kennedy. Tercero, como respuesta a esta situación, la policía ha dispuesto que 162 uniformados custodien diariamente las 18 salas donde se encuentran los detenidos. Sin embargo, esto no ha impedido que se sigan presentando fugas y muertes de internos, como la ocurrida en diciembre en el CAI Alfonso López, en donde falleció un detenido y un policía sufrió graves heridas; y como la fuga más reciente que se dio en la Estación Centro, de la cual se escapó con facilidad un detenido. Y finalmente, las condiciones de hacinamiento son inhumanas, tal y como se puede evidenciar en el CAI Guaimaral y la Estación Centro, pues donde hay espacio para albergar a 20 detenidos, hoy duermen, o tratan de dormir, 104 personas.

La situación empeora si se tiene en cuenta el contexto de pandemia y la facilidad de contagio de otras enfermedades en espacios reducidos. Por esta razón, el año pasado un grupo de procuradores decidieron interponer una acción de tutela a fin de proteger los derechos a la vida digna y la salud de estas personas. El Tribunal de Cúcuta vio las cosas tan graves que les dio la razón a los procuradores y les haló las orejas a todas las entidades públicas porque evidenció “una violación flagrante de los derechos fundamentales de los reclusos”. Y, como consecuencia, ordenó diseñar una estrategia para disminuir las condiciones de hacinamiento, pues además de ser un problema de seguridad también es un problema de salud pública.

Sobre la estrategia, se conoce que la administración municipal tiene dos propuestas, pero que aún no empiezan a ejecutarse. La primera es de largo plazo e implica construir dos módulos dentro de complejo carcelario de Cúcuta, a fin de ampliar el cupo. El inconveniente es que esta propuesta tardaría varios años y aún no se ha suscrito el convenio con el Ministerio de Justicia. La propuesta de corto plazo implica un convenio con el INPEC por 500 millones de pesos: un 30% sería destinado para sobresueldos de sus funcionarios y un 70% se destinaría a dotación y suministros del complejo carcelario de Cúcuta. Sin embargo, aún no se sabe cuándo serían trasladadas estas personas ni cuántas de ellas serían recibidas en el complejo carcelario.

Los funcionarios públicos involucrados en el problema de hacinamiento son múltiples y de diversas instituciones territoriales y nacionales. Quizá por ello, las respuestas a estos problemas urgentes suelen diluirse en consejos extraordinarios y compromisos que reposan cómodamente en los anaqueles de las oficinas estatales. No obstante, estos servidores deben saber que la omisión de atender con prontitud este problema conlleva gravísimas sanciones.

En febrero de este año, uno de estos funcionarios dijo que en tres meses estarían descongestionadas las estaciones de policía. Se equivocó. En ese momento había 653 personas. Hoy son 797. Si a este panorama agregamos que la mayoría de las estaciones de policía están ubicadas en zonas residenciales, podemos concluir que el hacinamiento desborda no solamente la cárcel, sino los barrios de Cúcuta.