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“Lo que hace falta es mano dura”

El paro nacional, que hoy cumple más de veinte días, ha evidenciado una idea en la que el profesor Mauricio García Villegas ha venido insistiendo: los países latinoamericanos padecemos un exceso de orden autoritario y un déficit de orden legítimo, y por eso el tema del orden está tan desprestigiado, pues quienes lo invocan terminan gobernando a las malas y quienes lo atacan terminan defendiendo un desorden libertario. En este escenario, suelen resonar dos voces: las que en la protesta legítima solo ven caos, peligro y amenaza; y las que en las autoridades solo ven la representación de un adversario que merece ser condenado de antemano. Estas voces no son las únicas, pero sí logran hacer mucho ruido. En esta ocasión, voy a referirme a las primeras.

Las voces que proponen “mano dura” sospechan que el orden no necesita legitimidad y que por ello la fuerza pública debe garantizarlo del modo que sea y cueste lo que cueste, inclusive, pasando por encima de las normas que regulan el uso excepcional de la fuerza. Detrás de esta propuesta está una idea peligrosa, la cual indica que el orden se justifica por sí mismo y no hay derechos que puedan atravesarse en su camino.

A estas voces hay que responder con un llamado enérgico a calmar las furias, recordando algo que suele estar muy presente en los discursos y que se echa de menos en las calles: no todo está permitido en las sociedades que aspiran a la democracia, el orden debe someterse a la dignidad humana y las libertades son como unas señales de advertencia que prohíben el exceso y la arbitrariedad de los gobernantes.

Daré cuatro ejemplos breves para demostrar lo anterior: las resoluciones 2903 y 3002 de 2017 de la Policía Nacional, la sentencia de tutela 7461 de 2020 de la Corte Suprema y el Decreto 003 de 2021 de la Presidencia. En estas disposiciones se regula el uso de la fuerza y se dice que las armas de fuego solo pueden utilizarse cuando los otros medios menos agresivos resulten ineficaces, estableciendo una escala del uso de la fuerza que depende de cada caso en concreto; además, se aclara que los derechos fundamentales son el límite para acompañar las manifestaciones pacíficas y controlar los disturbios, evitando al máximo hacer uso de la fuerza; también, se advierte que al garantizar el orden público no se puede pasar por encima de las garantías constitucionales; y se ordena que el diálogo y la mediación deben primar en las protestas, diferenciando entre quienes lo hacen de manera pacífica y quienes lo hacen de forma violenta.

Mientras se inicia la discusión urgente sobre la reforma policial en Colombia, es necesario argumentar, a quienes predican la mano dura como una solución absoluta que, con el cumplimiento estricto, la pedagogía cuidadosa y la asimilación íntima de estas reglas básicas, es posible evitar las furias del despotismo y alejar las intenciones de caos.

Suele decirse que esto suena muy bonito en la teoría, pero es muy difícil de cumplir en el terreno. Quien así piensa demuestra que aún no ha comprendido los cimientos sobre los que se construyó la sociedad colombiana a partir de 1991, que no está preparado para dirigir las instituciones públicas o para cumplir órdenes en una sociedad ávida de legitimidad y agotada de autoritarismos.

Kenny Sanguino Cuéllar

Profesor investigador Universidad Libre de Colombia – Seccional Cúcuta

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