“La distinción política específica, a la que pueden remitirse las acciones y motivos políticos, es la distinción entre amigo y enemigo” (El concepto de lo político, Carl Schmitt 1932)
Tal y como lo abordó en su obra hace casi 90 años, El concepto de lo político, el filósofo político y jurista alemán Carl Schmitt, aseguró que, en cuanto a política se refiere, la diferenciación o distinción es la de amigos y enemigos; no muy lejos de ese concepto, estamos actualmente en Colombia, desde el proceso de negociación y posterior acuerdo de paz con las Farc, que dividió al país (una vez más) bajo el concepto de “amigos” y “enemigos” de la paz.
Desde ese momento han sido muchos los ‘ires y venires’ en la implementación del acuerdo, y las batallas judiciales entre ambos sectores políticos, defensores del acuerdo como único camino para iniciar la construcción de paz y los enemigos de este, que consideran que con impunidad es imposible construir la paz.
Es así como la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, también ha venido desarrollando un papel controversial en la implementación de la llamada justicia transicional, en la que, en no pocos casos, ha dejado una imagen de ser un ente con una alta dosis de politización, que lejos de ser imparcial, parece favorecer a los que ayudaron a crearla mediante el acuerdo, es decir, a los miembros de la guerrilla y ahora partido político Farc.
Las dudas que la mitad del país tenía sobre la JEP, empezaron a confirmarse cuando en el año 2019, el narcotraficante Jesús Santrich, aunque en ese entonces “Honorable Congresista”, regresó a la clandestinidad con complicidad de su esquema de seguridad; para ese entonces ya se habían conocido videos donde el prófugo aparecía negociando droga; muchas pruebas más fueron remitidas a la JEP, por parte de la Fiscalía General de la Nación y una solicitud de extradición de Estados Unidos, pero aun así, la JEP hizo caso omiso, negó la extradición por no tener claridad sobre la fecha del video, y el desenlace lo conocemos todos: un video de Jesús Santrich con un fusil de asalto al hombro, con un mensaje que amenazaba la seguridad nacional, el cual nos transportó a todos los colombianos a los años 90, donde este tipo de videos y amenazas eran lo cotidiano.
Meses después la JEP despojó Santrich y al Paisa, (en ese momento ya en Venezuela), de todos los beneficios del acuerdo de paz; el chiste se cuenta solo, una bofetada para todos los colombianos que, con dudas y reservas, decidieron confiar en el acuerdo de paz, y en la jurisdicción especial para imponer justicia.
La nueva polémica gira en torno a lo acontecido la semana pasada, con el Auto No. 033 de 2021, en el que la JEP señala que las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, o falsos positivos, entre el año 2002 y 2008, ascienden a 6.402, y no a las cerca de 2.000 que tenía en sus datos la Fiscalía General de la Nación.
Con esta columna no pretendo entrar a debatir la veracidad o no de este Auto, y las cifras exorbitantes que allí plantean. Aquellos que mancharon el uniforme del ejército nacional con estos horrendos crímenes, deberán responder ante la justicia, y la JEP deberá demostrar caso por caso, la cifra que expuso en el precitado Auto; ojalá todo sea en derecho y sin ningún tipo de tinte político.
Pero haciendo a un lado el tema judicial, la crítica va dirigida al sector político, en especial a los de izquierda radical, e incluso algunos que se cobijan bajo el título de “amigos de la paz”, que llenos de odio visceral por quien los ha derrotado en las urnas, elecciones tras elecciones, aprovechan los asesinatos de jóvenes inocentes para salir a capitalizarlos políticamente ante la opinión pública, con una retórica que de boca para afuera habla de las pobres víctimas inocentes, pero que de boca para adentro se regocijan como buitres, con los cuerpos inertes de las víctimas, pues ven en esto, la oportunidad cobarde de asestar un golpe mediático a un gobierno al que le hacen oposición, y de amancillar el nombre de una institución honorable y llena de gloria, como lo es el Ejército Nacional, que desde hace 200 años, a cambio de muy poco, ha dado mucho, una institución que ha protegido a los colombianos, y ha impedido que los más desalmados delincuentes se tomen por la fuerza la preciada democracia del país.
Si hubo algunos pocos o muchos que cometieron estos crímenes portando el uniforme de soldado de la patria, son ellos los que deben pagar y les debe caer todo el peso de la ley, pero los colombianos no podemos permitir que la narrativa en torno a estos sucesos, se la atribuyan de manera general al Ejército Nacional y a los soldados que, en su gran mayoría, han velado por hacer las cosas bien, y que ahora son señalados y estigmatizados por una camarilla de oportunistas (entre políticos y exguerrilleros), en busca de capital político y poder.
“La política no es asunto propio ni de filósofos ni de moralistas; la política es el arte de sacar de una situación determinada el mejor partido posible.” (Maurice Barrés)
